Inversiones públicas ante enormes peligros

Las inversiones públicas constituyen no solo una obligación de los Estados, sino también una responsabilidad en su ejecución, de tal manera que se conviertan en productivas y hagan posible el pago de las deudas contraídas y, ante todo, cumplir los objetivos de beneficio colectivo.
En años recientes en el país se ha incrementado esta clase de inversiones, con el fin de sustituir las inversiones extranjeras que, por el temor de los capitalistas a no tener garantías para realizar sus labores, dejaron de venir a Bolivia y algunos que se habían establecido en territorio nacional huyeron, llevando sus capitales y tecnologías que estaban aplicando, dejando tras de sí desempleo y una serie de calamidades para la población y, en general, el atraso del país.
En la actualidad, el gobierno plurinacional decidió reactivar las inversiones públicas que habrían sido paralizadas durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, inversiones que durante quince años anteriores pasaron de los 20 mil millones de dólares en grandes proyectos como la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, un satélite, fábricas de papel, cartón, aviones y otros y pese a que no funcionan o no dan ganancia, siguen operando, por la idea de su reactivación, de tal forma que dejen de ser “elefantes blancos”.
En ese sentido, se creó por ley el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación con un fondo de Bs. 2 mil millones, a cuyas oficinas pueden acudir gobiernos autónomos municipales, regionales, etc. para obtener fondos con tasa de interés del 2 por ciento anual y plazo de devolución de los recursos financiados de 18 años, con un período de gracia de dos años.
Naturalmente, la creación de ese organismo ha producido la atención de los interesados y dicha entidad se encontraría estudiando las solicitudes para que, de una vez por todas, marche la reactivación económica y llegue la anhelada reactivación económica, tantas veces prometida y poco realizada.
También se espera que esta etapa de inversiones públicas sea debidamente controlada y realizada y no se repita el caso de un senador masista, Jorge Choque Salomé, quien obtuvo 6 millones de bolivianos del Fondo Indígena, para ejecución de proyectos en los municipios de Collana, Ayo Ayo, Sica Sica, Patacamaya, Umala, etc.
Lo más notable de esa historia de corrupción, como del cuento de Alí Baba y los cuarenta ladrones, fue nada menos que un senador del Estado Plurinacional ninguna inversión hizo con los dineros recibidos y, peor aún, que hubiese presentado como garantía para obtener el millonario préstamo, la existencia de un pueblo fantasma, inventado con nombre, número de habitantes y otros. Al parecer, el ingenioso masista hoy se encuentra en la cárcel, esperando que se resuelva su situación.