La Renta Dignidad en peligro

No constituye una sorpresa anunciada y prevista en oportunidad, que el gobierno se haya visto obligado a financiar un cuantioso préstamo de una entidad bancaria del exterior, para financiar la erogación de gran cantidad de dólares para hacer el pago de bonos a algunos sectores de la población.
Se trata, en forma específica, del anuncio del Estado Plurinacional en sentido que obtuvo un préstamo 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Bolivia, que serán destinados a pagar los bonos Contra el Hambre y la Renta Dignidad. También se enfatizó que servirá para cubrir gastos producidos por la pandemia del Covid-19.
Ese endeudamiento agravará la situación económica nacional, en momentos en que el Estado intenta reactivar su economía, ya profundamente alterada en su anormal manejo durante los primeros veinte años del presente siglo y, en particular, en el gobierno de transición de 2019.
Inicialmente, se aseguró que el pago de esos bonos se haría con las ganancias de empresas del Estado y que inclusive se crearía otros y su volumen sería aumentado. Pero el préstamo de 500 millones de dólares, anunciado oficialmente, desmintió esa posibilidad y ahora encontramos que esas empresas no tienen ingresos u operan con déficit y no tienen ni un centavo para aportar al pago de los bonos, salvo alguna excepción muy honrosa.
Es más, tan grave situación financiera ahora aumenta el nivel de la crisis y puede augurar una escalada de malestar para la población, pues, en vez de financiar esos bonos con las ganancias de las empresas estatales (los llamados “elefantes blancos”), que significaron más de 20 mil millones de dólares en inversiones improductivas, ahora los bonos tienen que ser financiados con créditos extranjeros. En otras palabas, los bonos que recibirá la población solamente servirán para endeudarla más aún. Al parecer, ya es tarde para poner remedio al enfermo.
Oportunamente se reiteró que, si bien los bonos constituían un beneficio para la población, solo servirían para gastos de consumo y que, en cambio, lo que debió hacer el gobierno era investir esos fondos destinados a los bonos, a obras que creen riqueza, es decir que los recursos del Estado podrían convertirse en capital que se reproduzca favoreciendo al Estado y a la población.