Pasividad del Gobierno puede generar acciones de autodefensa

Luego de los hechos registrados en las últimas horas en Santa Cruz, donde grupos de avasalladores armados tomaron de rehenes a periodistas, policías y hacendados, el diputado José Manuel Ormachea (CC) señaló que todos los ciudadanos tienen derecho a defender su vida y advirtió que la demora del Gobierno para esclarecer el caso puede derivar en acciones de autodefensa, por parte de la población.
En contacto con EL DIARIO, el parlamentario calificó estos hechos como inaceptables, por el caos y anarquía promovidos por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos actos dañan la imagen del propio oficialismo en la región del oriente. El legislador relacionó estos hechos con las recientes denuncias sobre la presencia de grupos irregulares procedentes de países vecinos, que fueron denunciados, hace unos días, mediante la prensa internacional.
Advirtió sobre la peligrosidad de los escenarios de violencia, como el de la provincia Guarayos, que pueden desencadenar nuevos frentes de confrontación, esta vez protagonizados por ciudadanos que asumen su legítima defensa ante agresiones armadas; Ormachea manifestó que esta figura podría presentarse ante la ausencia del Estado para hacer cumplir las leyes y el derecho a la propiedad.
“Todo ciudadano tiene derecho a preservar su vida y a defender a cualquiera que esté siendo atacado, porque si el Estado no tiene la capacidad para defender a sus ciudadanos, estos no pueden quedarse a esperar a que el Estado ausente haga respetar sus derechos”, dijo.
Señaló que ante la tardanza de los operadores de justicia y las fuerzas del orden para dar con los responsables de las violentas agresiones es de esperar que desde la población se tomen las medidas necesarias para asumir defensa, “hecho que puede derivar en escenarios de mayor violencia”.
“Hasta esperar que llegue la justicia, que está controlada por el MAS, y que está a favor de los avasalladores, es evidente que la gente no puede quedarse esperando para ver cómo se pone en riesgo su vida”, advirtió el asambleísta.
Al respecto, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga cuestionaron la tardanza del Gobierno para iniciar las debidas acciones para esclarecer estos atentados contra las libertades ciudadanas, de prensa y la propiedad privada.
“El secuestro y trato denigrante a periodistas, por parte de avasalladores armados, es criminal e inadmisible y debe castigarse de inmediato. El gobierno del MAS pone en peligro el trabajo de la prensa y la propiedad privada por su inacción e ineficiencia, que parecen complicidad”, reprochó Mesa.
Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores (MAS) pidió que las autoridades competentes esclarezcan este caso con celeridad, además de rechazar todo tipo de confrontaciones en las que se emplean armas de fuego, como forma de amedrentamiento.
“El Estado debe actuar contra cualquier tipo de levantamiento irregular, no se puede permitir ningún movimiento en contra de las normas, peor con armas y persecución, en este sentido rechazamos estos actos y el Ministerio Público debe comenzar las investigaciones con celeridad, para esclarecer estos hechos”, indicó el legislador.
Agregó que dadas las características del hecho, el Estado debe ser duro con los grupos irregulares, como este y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.
Ante estas declaraciones, el senador Erick Morón cuestionó que desde el Ministerio de Gobierno se priorice la persecución política en contra de opositores y exautoridades, en lugar de identificar a grupos irregulares y proceder con su aprehensión.