Tras la toma de rehenes por parte de grupos armados en la provincia de Guarayos en Santa Cruz, el diputado José Manuel Ormachea manifestó que las circunstancias por las que atraviesa el país dan para sostener que Bolivia se encuentra a merced de grupos irregulares de avasalladores y loteadores que son promovidos desde el Estado.
El asambleísta de Comunidad Ciudadana (CC) sostuvo que todas las denuncias sobre tomas de predios, tanto en el área rural como en las ciudades, responden a que grupos con cercanía al poder tratan de tomar control de tierras, pasando por alto las leyes y cometiendo crímenes para obtener lo que buscan.
“Bolivia está a merced de loteadores y avasalladores, estos sectores que, además, son promovidos desde el Gobierno en contra de la sociedad civil”, expresó en contacto con EL DIARIO.
Manifestó que los principales afectados por estas acciones ilegales son los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y se desenvuelven en el ámbito legal. “Esto va en contra de la gente que hace las cosas formalmente y legalmente porque desde el Gobierno se promociona la informalidad”, dijo.
Ormachea lamentó, finalmente, que en el actual régimen se promocione la informalidad, el avasallamiento, el loteo y no se tomen acciones para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, por lo que el Estado es el gran responsable de la actual situación.
Legisladores de oposición y el Comité pro Santa Cruz exigieron al Gobierno que desbarate al que denominaron “grupo paramilitar” y “terrorista” que en un operativo armado secuestró el jueves a un grupo de periodistas policías y civiles.
Los opositores consideraron que, de no actuar en este caso, se comprobaría que el grupo armado está protegido por el MAS.
Trabajadores de prensa en Santa Cruz salieron a las calles para protestar con un plantón y demandaron respeto a la libertad de prensa que está amenazada por grupos sociales del MAS y por autoridades del Gobierno.
Los trabajadores de la prensa salieron a las calles con pancartas que llevaban leyendas como: “Exigimos respeto a la libertad de expresión como derecho humano” y “No callarán con balas la libertad de expresión”.
La Fiscalía General del Estado anunció una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.
El fiscal general, Juan Lanchipa, aseguró que se están coordinando acciones con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía para identificar y dar con los captores de 17 personas, entre periodistas, policías y civiles.
