Guarayos y claras constancias de impunidad

El Gobierno y la Policía restan gravedad al grupo armado de avasalladores del jueves 28 de octubre a la hacienda Alondras de la región de Guarayos, Santa Cruz. Secuestraron por siete horas a periodistas, policías, trabajadores del lugar y a una comitiva de productores de ANAPO. No solo que fueron “retenidos”, según dice el Ministro de Gobierno, sino secuestrados, golpeados y amenazados con quemarlos vivos. Las cámaras de los periodistas fueron baleadas. Más adelante esta autoridad dijo que la Policía llegó a “una pequeña negociación”. Si fue así por qué la Verde Olivo no procedió a la detención por lo menos para tomarles declaraciones, tanto más si se supone que son dirigentes. Esto da la imagen de las medias tintas policiales en el caso. Para empezar, el Comandante Nacional, Jhonny Aguilera, llamó “altercado” al hecho. Agregó que detendría a quienes se encontraran en “delito flagrante”; es una declaración de 48 horas después del acontecimiento.
Actos como este se vienen repitiendo sin que ni el Ministerio Público ni la Policía actúen como deben. Solo cursan unas pocas denuncias que no avanzan. Tanta contemplación de las autoridades no puede sino sugerir que los avasalladores cuentan con el apoyo del Gobierno. Es muy claro lo de Guarayos. Hubo y hay un apenas disimulo, muy parecido al encubrimiento o complicidad. En el país no habiendo instancias justas e imparciales sino todas a órdenes “de arriba”, no hay a quién quejarse. Parece no interesar ni conmover que, añadido a la intervención por el grupo avasallador, hay un atentado a la seguridad de los propietarios de Alondra, a sus trabajadores, a la propiedad privada y un delito de carácter común y que no hay seguridad jurídica. Directivos de Anapo señalan que hay otros ocho predios que se encuentran avasallados.
Actitudes como esta recurren a que “son tierras fiscales”, la verdad es que no son eriales o que se las apropia quien llegue primero. Las tierras fiscales pertenecen al Estado y le corresponde determinar al concesionario según los mejores intereses del país. Ahora, el INRA las distribuye a gente de preferencia del Gobierno, debiendo darles un destino de bien público.
Es sabido que desde años anteriores una de las estrategias de Evo Morales fue trasladar gente del occidente al oriente con fines políticos. Lo hizo en Pando. Por ello ya en 2018 se denunció esta suerte de lenta invasión. Las evidencias surgieron con los incendios de más de cinco millones de hectáreas, descubriéndose que eran interculturales los autores de una cantidad de estas quemas. Se habló entonces de la iniciación de procesos penales y más de un grupo fue sorprendido con bidones de gasolina y llantas con fines de incendio de los forestales. Se los denunció, fueron abiertas causas. Pero no hay detenidos ni figura alguna de proceso.