La Constitución Política del Estado establece en el Art. 316 que “La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales. 9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica”. Como de costumbre, el servidor Luis Arce NO CUMPLE el mandato constitucional y “le mete nomás”, siguiendo el ejemplo de su jefe cocalero.
La Ley 342 Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 definirá en qué gastan las alcaldías y gobernaciones. Proyecto sin consenso, como todo lo que hace este gobierno autoritario, está orientado al fomento de las empresas estatales “para sustituir importaciones”, sin tomar en cuenta que el sector productivo privado aporta más del 80% a la economía nacional y que las empresas estatales fracasaron porque son deficitarias y el gobierno sigue fomentando la ineficiencia con créditos que hacen que se incremente la deuda interna.
Este proyecto, SIN CONSENSO con los gobiernos subnacionales, no cumple la Técnica Legislativa, que debe contener presupuesto para la ejecución del mencionado plan. Al carecer de fuente de financiamiento, es otra estafa, solo es un plan político destinado al control de todos los poderes sin cuestionamiento. Se plantea que el Estado financiará el 61% y con recursos externos el restante, sin explicar de dónde provendrá ese financiamiento, porque la deuda interna de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación, a octubre de 2020 llegó a $us.11.911 millones, y la deuda externa alcanza a $us.12.525 millones, un total de $us.24.436 millones, monto que sobrepasó el equivalente a 50% del PIB.
El nivel central concentra el 85% de la inversión pública, y solo el 15% se distribuye entre las gobernaciones, municipios y universidades. Ahora pretenden obligar a los gobiernos subnacionales, sin haber consensuado, a ejecutar presupuestos, si no lo hacen, las autoridades locales pueden ir presas.
El Art. 4 del Plan Nacional de Desarrollo obliga a las entidades territoriales autónomas, empresas públicas, universidades, a la industrialización de importaciones a través de la inversión que impone el gobierno, pero será insuficiente porque el mercado interno es pequeño. Se debe apostar al gran mercado internacional para activar el gran potencial que tiene Bolivia, sobre todo en el sector no tradicional.
También obliga al Poder Judicial, violando el estado de derecho, por ello la ciudadanía sale a las calles, porque la ley atenta contra sus derechos. Entonces el soberano se subleva y empieza la insurgencia que se está empoderando, y si no retrocede hasta el día 8 de noviembre, fecha que cumple un año de gestión Arce, empezará un PARO INDEFINIDO. Y es que el gobierno no cumple el Art. 172, que expresa: “el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
En la economía del consumismo se pretende el crecimiento, pero, ¿con la inundación de productos de importación?, como la papa y productos agrícolas del Perú, las frutas de Chile y Argentina, cuando en Bolivia tenemos productores agropecuarios que no reciben apoyo del gobierno.
Con el modelo económico extractivista no hay reactivación económica, si hay crecimiento es porque se retornó a la normalidad, no existe algún indicador que establezca una actividad económica sobresaliente, la exportación de carne sigue, la minería mantiene su ritmo, la explotación de litio quedó congelada.
No hay generación de empleo, la informalidad en Bolivia es del 80% de la población económicamente activa; el único indicador que resalta es del circuito coca cocaína, mientras la crisis social se agrava por los grupos paraestatales que toman las instalaciones de Adepcoca, cuando el ministro Castillo descaradamente apoya al usurpador Alanes. Actualmente el gobierno se desgastó y va camino a que sus socios que lo apoyaron para subirlo al poder, hoy amenazan con PARO INDEFINIDO desde el 8 de noviembre, si Arce no respeta la Constitución.
Angélica Siles Parrado, Economista, ex asambleísta Constituyente.