El arbitraje es fundamental para los empresarios, porque brinda alternativas rápidas de solución a una controversia, da certidumbre y sobre todo brinda seguridad jurídica a las inversiones. El Gobierno también puede acceder al arbitraje institucional, pues se han dado varios casos en el país con resultados favorables para ambas partes.
Precisamente con la intención de fortalecer estas alternativas de resolución de conflictos, la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) y el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial (CAC) organizaron a fines del mes pasado la segunda versión del Bolivian Arbitration Review (Revisión del Arbitraje Boliviano), que este año se dedicó a celebrar las tres décadas de arbitraje institucional en Bolivia. Este encuentro tuvo el patrocinio de 14 destacados Estudios de Abogados, 35 expositores y más de 150 asistentes que junto con distintas empresas asociadas a la CNC resaltaron el evento.
El arbitraje nacional se desarrolla en el marco de la Ley 708, del 25 de junio de 2015, la misma que abrogó la Ley 1770, de marzo de 1997.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio es reconocido tanto en el país como en el exterior, como el principal ente administrador de procesos de este tipo en el Estado Plurinacional de Bolivia, no solo porque ostenta la categoría de Sección Boliviana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) y de Capítulo Nacional de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Centro de Cámaras de Comercio del MERCOSUR, sino también, por el volumen e importancia de los procesos que son atendidos.
Las empresas y el Estado boliviano que en algún momento recurrieron al arbitraje o conciliación para la solución de sus controversias, lo hicieron por el alto nivel de compromiso, transparencia, especialización y la solvencia moral y profesional de los árbitros y conciliadores del CAC, así como el respaldo técnico que tiene esta administración.
Los logros y la evolución del arbitraje son importantes. En estos 30 años, se ha generado más de un centenar de laudos arbitrales en todo el país, desarrollados en diferentes centros de conciliación.
También es visible y muy alentadora la formación de varias generaciones de árbitros profesionales, que son la garantía de seriedad y confiabilidad del sistema alternativo.
Todo esto se traduce en seguridad jurídica, que los actores involucrados necesitan, lo que a su vez se traduce en un clima favorable para captar la inversión, tanto nacional como extranjera.
Para que las partes integrantes de un contrato puedan recurrir a la conciliación o el arbitraje, es aconsejable incluir en los acuerdos una cláusula específica para recurrir a la conciliación y el arbitraje.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).