Plataformas del 21F rechazan intentos de golpe en Legislativo

Ante los incidentes registrados en la Cámara de Diputados por la conformación irregular de directivas, representantes de Plataformas Ciudadanas del 21F de La Paz expresaron su condena y rechazo a las acciones de oficialistas por elegir una directiva con parlamentarios disidentes de la oposición. Sostienen que los legisladores se vendieron al partido gobernante.
Señalan que se trata de una prueba clara de que el oficialismo no cuenta con vocación democrática, por el contrario, fomenta acciones dictatoriales que, además, están reñidas con principios éticos y morales.
El activista Julio Alvarado informó que las plataformas del 21F han expresado su preocupación por la elección de la directiva de la Cámara de Diputados compuesta por parlamentarios masistas y tránsfugas, ya que de esta forma se le dará el control total de esta instancia legislativa al Gobierno.
“Esta maniobra del MAS es la segunda fase “Golpe Parlamentario”, la primera fue el año pasado, cuando modificaron el reglamento eliminando la cláusula de los 2/3 para aprobar leyes, ahora por simple mayoría el MAS saca leyes, que atentan contra la propiedad de los ciudadanos en general y viola la autonomía de gobernaciones y municipios, así como la autonomía universitaria”, sostuvo.
Se anunció que, ante este nuevo atentado a la democracia boliviana por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo, las Plataformas Ciudadanas del 21F de La Paz rechazan esta segunda fase del golpe parlamentario y exigen el pleno cumplimiento de la CPE, de las leyes y del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Además, se exige la renuncia de los seis parlamentarios acusados de transfugio, por atentar contra los principios democráticos y el Estado de Derecho.
De la misma forma, se convoca a la ciudadanía a expresar su rechazo a estas acciones dictatoriales y totalitarias, reforzando la movilización ciudadana pacífica del día lunes 8 de noviembre, a fin de lograr la abrogación del paquete de leyes, que atentan contra la propiedad de los ciudadanos y la autonomía de gobernaciones, municipios, universidades, del Tribunal Supremo Electoral y del sistema judicial.