Bogotá.- Los integrantes de la Policía Nacional de Colombia, responsables de abusos y actos de violencia en medio de las protestas contra el Gobierno, serán castigados con todo el peso de la ley, anunció el director de la fuerza al prometer que no habrá impunidad.
Los manifestantes y grupos de derechos humanos acusan a integrantes de la Policía Nacional de asesinatos de civiles, uso excesivo de la fuerza, uso de armas de fuego y de agresiones sexuales durante las protestas actuales y en anteriores.
Acusaciones de posibles abusos a una menor por parte de policías en la ciudad de Popayán, en el suroeste del país, provocaron violentas protestas en las que murió un estudiante y fueron atacadas e incendiadas instalaciones estatales.
«Que respondan ante las autoridades y el que haya cometido un acto con dolo, que responda con todo el peso de la ley», dijo en una entrevista con Reuters el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
«Y somos los primeros en rechazar un acto contrario a la ley de cualquier policía. Y saldremos a pedir perdón cuando haya una decisión judicial, sin lugar a dudas en nuestra transparencia institucional y es lo que esperan los colombianos», afirmó.
Vargas, quien asumió como director de la Policía Nacional en febrero, que desde el comienzo de las protestas, el 28 de abril, se han abierto 122 procesos disciplinarios contra integrantes de la fuerza, mientras que tres fueron capturados por su presunta responsabilidad en dos homicidios de civiles.
«No puede haber, no debe haber y no va a haber impunidad. Este es un compromiso con los colombianos, con la sociedad y con la comunidad internacional», aseguró.
Sin embargo, los implicados tendrán derecho a un debido proceso, dijo Vargas, quien denunció que los policías han sido víctimas de agresiones físicas, ataques con armas de fuego y atentados de manifestantes que han intentado quemarlos vivos.
Hasta el momento, un policía ha muerto y casi 900 han resultados heridos.
«Debido proceso, cero tolerancias. Ni una orden se ha dado para incumplir la ley», advirtió Vargas, un oficial con más de 30 años de trayectoria en la policía.
Vargas negó que los agentes encargados de controlar los disturbios durante las protestas hayan usado armas de fuego y aseguró que han recurrido a armamento no letal, como lo correcto las normas internas y los parámetros internacionales.
MARCO DE LEY
Sin embargo, grupos de derechos humanos como Human Rights Watch aseguran que armas como los lanzados de proyectos múltiples mal usados pueden ser peligrosos.
Las protestas rechazaron un proyecto de reforma fiscal del Gobierno para subir los impuestos que después fue retirado, pero los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir el fin de la violencia policial, un ingreso básico para familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, además del retiro de un proyecto de reforma a la salud, entre otros.
Las cifras de víctimas fatales durante las protestas no coinciden. La Defensoría del Pueblo informó que está verificando la muerte de hasta 41 civiles, mientras que la Fiscalía General reportó 14 homicidios confirmados.
Políticos de izquierda y organizaciones estudiantiles reclaman una reforma que implique la subordinación de la policía al Ministerio del Interior y no al de Defensa, la prohibición de armas letales durante las manifestaciones y que los efectivos implicados en abusos sean investigados y juzgados por la justicia ordinaria en lugar de cortes militares.
Vargas anunció que está impulsando un plan de trasformación que incluye la certificación en derechos humanos para los policías y más facultades para sancionar a quienes cometan abusos, pero descartó eliminar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), acusado de la mayoría de los abusos.
El oficial reiteró denuncias del Gobierno de que las protestas fueron infiltradas por grupos guerrilleros y bandas criminales, acusándolos de saqueos, vandalismo y ataques a la policía.
Los bloqueos de las carreteras, que comenzaron a provocar escasez de alimentos y combustibles en las ciudades, serán levantados cuando lo solicite el Gobierno, dijo Vargas.
«Hemos actuado en el marco de la ley. Hemos utilizado el uso de la fuerza de acuerdo con los parámetros constitucionales, con los parámetros internacionales, para garantizar la vida y los bienes de las personas», concluyó. (Reuters)