La Constitución Política del Estado establece en el Art. 270 que “Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución”.
DebiLucho no cumple la Constitución en el Art. 270, porque no existe la verdadera descentralización, el autogobierno y menos la autonomía, pues el nivel central administra el 80 % de los recursos económicos y solo asigna a los municipios el 15 % y otro 5 % distribuye entre las universidades públicas de Bolivia
Con la elección de los gobernadores y alcaldes, con un padrón cuestionado por las dobles cédulas de identidad, voto de fallecidos y los datos inflados en los municipios pequeños, que supuestamente crecieron 100 % para las elecciones, cuando la realidad nos muestra que la migración campo ciudad es permanente por la falta de condiciones de vida y la extrema pobreza en que viven, se evidencia que el gobierno del cocalero en sus 14 años de gestión no brindó apoyo a los pequeños productores, que son los que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria, los que subvencionan a las ciudades y son el 80% con escasa tierra, muchas veces solo tienen surcofundio para producir, especialmente en el altiplano.
Nuevos servidores asumieron la administración de las gobernaciones y alcaldías, aunque un 80 % de éstas no cuenta con ingresos propios, en consecuencia la gestión pública tendrá muchas falencias en cuanto a presupuesto asignado, que solo representa el 20 %, mientras del 80% dispone el nivel central para sus “obras”, aunque les corresponde a las Subnacionales, de acuerdo con sus competencias establecidas en la Constitución, ya que la Ley Marco de Autonomías contiene artículos inconstitucionales que se contraponen y no permiten profundizar la autonomía plena.
El censo es un indicador muy importante, que se constituye en la fuente de información estadística, donde la periodicidad decenal implica la comparación de los cambios transcurridos en ese periodo, entre países del mundo, América Latina y Bolivia, El censo muestra la pirámide de edades, natalidad, fecundidad, mortalidad, nivel educativo, vivienda, prestación de servicios y otros aspectos.
Estos datos permiten al gobierno central, departamental y municipal especialmente, determinar los flujos migratorios rural-urbano, en busca de nuevas oportunidades de trabajo, porque el área rural se encuentra en estancamiento y muchas veces en retroceso en su desarrollo, porque el gobierno del nivel central se apropia del 80 % del presupuesto y a título de “Evo Cumple” se realiza proyectos que son competencia del nivel departamental y municipal.
El censo del año 2022 deberá arrojar datos de los habitantes de Bolivia, ante la imperiosa necesidad de revisar el Padrón Electoral, con datos fidedignos que arroje la consulta, que sin duda echará por tierra los ya dudosos resultados del censo 2012, así como de todos los comicios electorales que se realizaron después del Registro.
Frente a la negativa del gobierno del MAS, de consensuar para el pacto fiscal que permita la distribución por habitante, existen voces que pretenden federalizar algunos municipios, porque el nivel central no les permite una autonomía plena, no se cumple con los principios establecidos en la Constitución, que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional descentralizado y con autonomías.
Exigimos al gobierno de Arce cumplir la Constitución para que el proceso autonómico llegue a los municipios y que les permita salir de la extrema pobreza en que se encuentran y el censo para determinar cuándo, cómo y qué tipo de política se aplicará para salir del subdesarrollo en que se encuentran y para que el Padrón Electoral refleje la real cantidad de electores y aplicar la democracia, hoy secuestrada.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.