Sueldos devengados a trabajadores que ganaron procesos penales por despidos injustificados y otros que están por concluir, además de un proceso coactivo iniciado por la Caja Petrolera de Salud (CPS) debido a una deuda por servicios del seguro médico a más de 800 trabajadores de la firma generan una pérdida de al menos 15 millones de bolivianos a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), según denuncias que llegaron a EL DIARIO.
De acuerdo con la versión de un trabajador de la firma, quien pidió mantener su nombre en reserva, la crisis en Epsas S. A. desnuda una serie de sucesos que muestran su difícil situación y temen que las cosas empeoren.
“Hace algunos meses incrementaron las denuncias de corrupción, nombramientos improvisados de interventores, despidos injustificados, falta de mantenimiento de las redes de distribución de agua, manejo discrecional de los recursos económicos, denuncias de persecución policial a trabajadores, paralelismo sindical, donaciones a organizaciones sociales a cambio de avales políticos para acceder al cargo de interventor, pérdida de juicios y procesos laborales, entre otros hechos, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa y eso nos pone alertas porque no queremos terminar como en Cotel”, dijo el trabajador.
En días pasados, en una inspección que realizó el alcalde Iván Arias a las zonas San Martín y Tiwiña Tres Marías del macrodistrito de Cotahuma, los vecinos le expresaron su molestia por la falta de atención de Epsas. Demandaron que la empresa intervenga la zona para reparar los ductos.
“Cada vez llamábamos a Epsas, venían y arreglaban como querían y luego volvía a reventar. Durante dos años llamábamos para reclamar, pero ellos decían la Alcaldía sabe y así se pasaban”, afirmó la vecina Rosario Aliaga.
Asimismo, en los últimos meses, vecinos de diferentes zonas de la ciudad de La Paz lamentaron que periódicamente se presenten cortes de agua sin previo aviso.
A través de sus redes sociales se socializó un comunicado oficial de Epsas, publicado después de iniciado el corte, que más de 41 barrios se quedarían sin el servicio por más de 18 horas en la zona Sur, debido al mantenimiento de una tubería de alta presión que presentó filtraciones a la altura de la cancha de futbol de la zona de Callapa, lugar afectado por el megadeslizamiento del año 2011.
PROCESO
COACTIVO
Llegó a EL DIARIO, una denuncia documentada sobre un proceso que sostiene la CPS contra Epsas S. A., debido a una deuda por servicios del seguro médico a más de 800 trabajadores de la firma, desde la gestión 2013.
La nota de cargo presentada por la CPS, contra la Epsas S.A., especifica que la deuda contraída se debe a una liquidación de aportes devengados actualizados, intereses sobre aportes devengados, multas por cotizaciones no realizadas, sanción por incumplimiento a la presentación de documentos, en aplicación al Decreto Supremo 25714 del 23 de marzo de 2000, circular del Instituto Nacional de Seguros de Salud No. DE-01-04-062/05 y Resolución Administrativa No. 159-2005, Ley 2434 no consignados en declaraciones a la CPS, determinados mediante inspección, fiscalización y control de empresas con fichas técnicas, por las gestiones 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
“Los conceptos se resumen en una deuda que sobrepasa los Bs. 4.552.914,64 (cuatro millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos catorce bolivianos), por el siguiente detalle: Aportes devengados actualizados Bs 2.143.443,70; intereses sobre aportes devengados Bs 794.377,39; multas por cotizaciones Bs 79.437,74; sanción por incumplimiento Bs 1.471,32 y gastos judiciales 3 % sobre aportes actualizados Bs 64.303, 45”, se lee en parte de la nota.
De la revisión de los documentos presentados a EL DIARIO, se puede evidenciar que Epsas S.A. a través de su departamento legal en fecha 26 de marzo de 2021, remite a la CPS una nota donde le reitera que la empresa está impugnando una comunicación de adeudos, mediante un recurso de revocatoria que rechaza y cuestiona las inspecciones de fiscalización efectuadas por la Caja Petrolera de Salud.
La nota de Epsas S.A. también le recuerda a la CPS que la comunicación de adeudos no puede ser emitida mientras no sea resuelta en todas sus instancias de impugnación y exigen previamente se cumpla el proceso administrativo y se resuelva el recurso jerárquico interpuesto por la empresa.
Por su parte, en fecha 15 de abril de 2021, la Caja Petrolera de Salud le responde a Epsas con una nota donde le recuerda que es una institución pública descentralizada a nivel nacional, con patrimonio propio y autonomía administrativa, legal y técnica, encargada de otorgar prestaciones en el régimen de salud a corto plazo de la seguridad social, en ese marco normativo y en cumplimiento al Código de Seguridad Social, sus reglamentos y su programa anual de fiscalización de aportes patronales referidos al cumplimiento de obligaciones al régimen de corto plazo de la seguridad social de la empresa Epsas S.A.
La nota también indica que la fiscalización a los aportes patronales de los trabajadores de Epsas S.A. concluye con la comunicación de observaciones preliminares, mismas que fueron de conocimiento formal de la empresa, quienes mediante nota EPSASINTERV.GAF-084/2019, solicitan ampliación de plazo para presentar descargos.
La evaluación y análisis de los descargos y documentos presentados por Epsas S.A. concluyó con la emisión de otra ficha técnica y comunicación de adeudos, donde se le notifica formalmente a la empresa, otorgándole un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción, para el pago de la deuda a la CPS.
En la nota la CPS, expresamente le recuerda la aplicación del procedimiento especial al Régimen de Seguridad Social, excluyéndose la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la Ley 2341, interpretaciones de la disposición adicional del D.S. 27113, no corresponde la impugnación por la vía administrativa, sea por recursos de revocatoria y/o jerárquico, sino la aplicación del código de seguridad social.
La Caja Petrolera de Salud, le indica a Epsas S.A. que en fecha 26 de febrero de 2021, inició el proceso coactivo social y recomendó a las autoridades se apersonen al Juzgado Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social, donde se apertura la causa para recuperar los adeudos por el seguro médico a los trabajadores de la compañía.
En entrevista con EL DIARIO, Bladimir Iraizos, actual interventor de Epsas S.A., dijo: “Apenas tuve conocimiento de estas multas que hacienden a 4,5 millones de bolivianos, la primera acción que hice fue reunirme con el ejecutivo de la CPS, porque no puedo creer todo a mi área jurídica -que no es de mi gestión- analizamos las consecuencias y definimos trabajar en mesas y reuniones de trabajo con nuestras áreas jurídicas al primer mes de mi gestión.La segunda acción fue exigir a la doctora (Frida) Terán encargada del proceso, nos pueda brindar un informe de la situación y si corresponde pagar estas multas a la CPS. Estamos con la demanda abierta, mientras no tengamos la sentencia no se pagará, podemos apelar”.
Consultado sobre la sanción para los funcionarios que dejaron que el proceso llegue a estos términos, Iraizos dijo que iniciará una auditoría interna y externa, para verificar el grado de responsabilidad.
“Nosotros como intervención hemos solicitado un informe, este informe se va a remitir a auditoría interna, una vez tengamos los resultados vamos a realizar una auditoría externa para que nos refiera qué grados de responsabilidad tienen (los funcionarios), una vez que tengamos los resultados, nosotros vamos a ver las acciones que tomaremos de acuerdo a nuestro reglamento interno, puede ser una llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita, puede ser una sanción administrativa, penal, todo eso nos arrojará una auditoría externa”, apuntó.
Nuestro medio intentó tomar contacto con los ejecutivos de la Caja Petrolera de Salud, quienes hasta el cierre de la edición no enviaron su contraparte a la nota escrita que solicitaron a EL DIARIO.
PROCESOS
LABORALES
Por otro lado, llegaron a EL DIARIO documentos sobre despidos injustificados y reincorporaciones laborales de trabajadores que volvieron a Epsas S. A., después de varios años de proceso, a quienes se les debe pagar cientos de bolivianos por sueldos devengados.
El abogado Marco Ramos, exasesor del directorio de Epsas S.A., refirió a EL DIARIO que desde la intervención a la empresa, en marzo del año 2013, por malos manejos e incumplimiento de objetivos de la operadora del agua, pasaron varios interventores que motivaron despidos injustificados.
Ramos asegura que un claro ejemplo es del señor Clemente V. C., que fue retirado injustificadamente y reincorporado, con un proceso que fue ratificado mediante Auto Supremo 367/2018 del 30 de octubre del año 2018, donde Epsas S. A., debe pagar su salario hasta el momento de su reincorporación, incluida la actualización y multas por los extremos del mal manejo técnico jurídico de este proceso, mismo que suman más de un millón de bolivianos.
“Al trabajador le iniciaron una acción de Amparo Constitucional, a través del cual los abogados de Epsas querían justificar lo injustificable, a sabiendas que en materia laboral siempre tendrá razón el trabajador. Este caso, como muchos otros, estuvo mal administrado por los abogados de Epsas, por eso la justicia determinó que se debe pagar los sueldos devengados del señor Clemente V. C. por una suma de Bs un millón doscientos mil, a la fecha se supo que el trabajador fue reincorporado y no se le pagó aún los devengados”, apuntó.
El jurista aclaró que como el caso del trabajador reincorporado hay muchos otros, como el del exdirigente sindical, Lorenzo Quisbert, quien fue desvinculado sin tomar en cuenta su fuero sindical y al ser reincorporado, la firma deberá pagarle más de un millón y medio de bolivianos.
“Hay varios casos de trabajadores que ya han ganado sus procesos y otros están a poco de hacerlo como el caso de Freddy Y., William R., Rudy R., Roberto R., Pedro C., Edwin C., Robert U., Marina Q., José O., Luis Q., entre muchos otros, con una cuantía que sobrepasa los 10 millones de bolivianos, por mal patrocinio legal, que en esta última década se dedicó a la persecución, daño y perjuicio a los trabajadores, no lo digo yo, lo dicen las decenas de procesos laborales que pierden, resultados que se traducen en un serio daño económico a la empresa. De los mencionados algunos ya fueron reincorporados y se les canceló los sueldos devengados, a otros se les debe aún, y algunos procesos siguen en Sucre”, aclaró.
Finalmente, Ramos dijo que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento deben asumir inmediatamente su rol de fiscalización y control sobre la empresa que intervino el Gobierno.
“Es responsabilidad del Gobierno y deberían fiscalizar de inmediato para no perjudicar al Estado, amerita con urgencia una auditoría jurídica del área legal de Epsas, para valorar si corresponde continuar con otras decenas de casos que al final el resultado será pagar a los trabajadores despedidos irregularmente, por consiguiente, poner en serio riesgo la estabilidad financiera de la empresa, se debe efectuar la reingeniería como fue planteada en un principio”, apuntó.
Al respecto, Iraizos manifestó que esta semana se lanzará una convocatoria para realizar una auditoría, con una duración de dos meses, para ver las responsabilidades en ese tema.
“En dos meses nosotros tendremos la claridad de quienes han sido culpables de la contratación, les estoy hablando exclusivamente de las 58 personas que han sido contratadas por el anterior interventor y que también han sido despedidas en los dos días que ha estado el ingeniero (Tomás) Quistbert como interventor. El anterior interventor ha contratado 58 personas, el ingeniero que era Gerente Técnico fue despedido y al día siguiente lo colocan como interventor, ha durado dos días y en ese tiempo ha despedido a las 58 personas y ha reincorporado a las otras personas que sacó el anterior interventor”, lamentó.
