El caso denominado ítems “fantasma” que involucra a ciudadanos y políticos de regionales de Santa Cruz de la Sierra, tiene el mismo objetivo que el proceso denominado “terrorismo” de 2009, acallar y someter definitivamente a cívicos y opositores, manifestó el abogado constitucionalista y coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan.
Inicialmente a raíz de un conflicto de índole familiar presentada por Valeria R., esposa de un exfuncionario de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, dio un giro sorprendente el mismo después de que la presunta víctima denunció que Antonio Parada (el exfuncionario) cobraba por 800 ítems ilegales en el municipio cruceño. Por este hecho la exalcaldesa, Angélica Sosa, junto a exfuncionarios están con detención preventiva y otros con orden de aprehensión.
En el caso terrorismo de 2009, los procesados (empresarios y cívicos) denunciaron constantemente que el proceso tenía motivos políticos, para acallar a opositores de la región cruceña, e incluso varias versiones entre ellas la del exfiscal Marcelo Sosa y algunas evidencias durante la investigación pusieron en duda el intercambio de fuego en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde murieron tres personas; por cuanto se presume un “ajusticiamiento” al margen de una acción antiterrorista.
“De pronto una señora, cuya madre tenía una estrecha ligazón política con el MAS, muy afín y que trabajó para ese partido, denuncia a su marido justo cuando se debatía en la sociedad boliviana el autogolpe no consumado de Evo Morales, y cuando el fraude electoral ya cobraba mayor incidencia para futuras movilizaciones sociales y reclamos a nivel nacional, surge entonces el caso ítems fantasma, en un momento crítico muy desfavorable al MAS para rearticular sus fuerzas y retomar el ejercicio del mando político a nivel nacional. Si bien es real el acto de corrupción alarmante, tiene características muy similares al del caso terrorismo de 2009, desde el punto de vista del objetivo que se persigue, descabezar el liderazgo regional para controlar y someter a la sociedad civil”, apuntó.
Precisó que en este caso, los involucrados en el delito deben ser castigados severamente, sea quien sea, empero no se debe involucrar a la región, a las instituciones, ni a la sociedad cruceña, sino a los actores políticos, entre ellos los “masistas” que trabajaron en alianza con todos los exalcaldes y exconcejales, como Percy Fernández.
En criterio del jurista, los perseguidos y detenidos dentro de este caso son solo “herramientas” de las “mafias políticas”, que desde ningún punto de vista incluye a los ciudadanos autoconvocados en “defensa” de la democracia, a quienes el MAS “no logrará controlar haga lo que haga porque la misma sociedad ya perdió el miedo y está dispuesta a salir cuando sea y donde sea por voluntad propia”.
Asimismo dijo que la denuncia de “publicidad fantasma” que inició la gobernación de Santa Cruz en contra de Rubén Costas, supone un caso sumamente extraño en estos momentos en que la sociedad pide unidad regional, sin embargo, esto coadyuva al aplastamiento de líderes cruceños que intentan resurgir políticamente, no obstante – dijo – cualquier acto al margen de la ley es reprochable y debe ser investigado oportunamente.
“Que estos casos no sirvan para quitar el derecho a la presunción de inocencia y que tampoco sirva para neutralizar a la clase política local; caso contrario cualquiera que quiera sobresalir será defenestrado por la logia política gobernante”, precisó.
Asimismo apuntó que “los hilos están perfectamente elaborados para desarticular, defenestrar, aplastar y controlar el liderazgo político y cívico tanto regional como nacional, lo que le podría facilitar el control de las fuerzas vivas del país y de la sociedad en general, sin embargo este último bastión llegado el momento va a prescindir de los liderazgos políticos y cívicos para defender sus aspiraciones, aunque en unidad es más fácil y efectivo oponerse al poder autoritario”, dijo.
COMITÉ CÍVICO
Santistevan recordó que en febrero próximo el Comité Pro Santa Cruz deberá elegir un nuevo directorio ya que la gestión de Rómulo Calvo concluye. El que sea elegido – dijo – tendrá la difícil tarea de rearticular la institución cívica, cuyo líder actual está con al menos 10 procesos penales, por lo que ya no le queda margen de gestión alguna.
“Veremos cómo se desempeña el nuevo presidente, esa es una de las últimas opciones que tienen para sacar la cara por los cruceños, por la región y por el país junto a los demás comités cívicos, situación complicada porque además deben lidiar con elementos infiltrados que desestabilizan internamente”, dijo.
2022
Para el jurista, este 2022 no será diferente a 2021 porque las persecuciones y la suma de “presos políticos” continuarán con mayor intensidad porque el Gobierno no ha logrado su objetivo de someter a la sociedad cívica-política para definitivamente controlar a la sociedad boliviana y “aplicar sus planes y leyes”.
“No hay perspectivas favorables desde el punto de vista legal para cumplir los principios en la aplicación de la ley, no hay garantías en los procesos y es por eso que la justicia no podrá resolver ningún caso, es decir ítems fantasma, y los casos de golpes de Estado I y II y otros que puedan surgir. El tinte es altamente político y la Fiscalía así como la justicia opera por imposición de consignas y no en derecho”, advirtió.
En ese marco manifestó que los presos continuarán detenidos y que probablemente algunos ya sean sentenciados y otros irán sumando más denuncias con la única finalidad de mantenerlos encerrados mientras ellos (Gobierno) definan cómo y cuándo acabarán los procesos.
En ese marco, recordó que la justicia busca que exautoridades militares se acojan a la figura de “colaboración eficaz” aceptando cierto grado de responsabilidad por los delitos de los que se los acusa, así como brindar información “esencial” a cambio de mejorar su situación jurídica en la investigación por el caso “golpe de Estado I y II”.
“Pero como el proceso es indudablemente político, la información que los procesados proporcionen podría ser orientada hacia los intereses políticos y no así para favorecer al proceso mismo. Sin embargo los jefes militares detenidos no creo que se dejen engañar porque saben que es una venganza de Evo Morales y su camarilla política, los cuales persistirán en engañarlos mediante este nuevo mecanismo para luego darles una pequeña holgura legal pero jamás perdonarlos”, dijo.