Pobreza versus capitalización

Las empresas capitalizadas generaron, en la gestión del año 2000, alrededor de 1.671 millones de dólares a favor de las arcas del Estado. Entre ellas se menciona a Ferroviaria Andina, Ferroviaria Oriental, Transredes, Petrolera Chaco, Petrolera Andina, LAB, Corani, Valle Hermoso, Guaracachi y ENTEL. De ese monto total, una parte, consistente en 44 millones de dólares, fue destinada a pagar el bono Bolivida. Se lo hizo, posiblemente, con el fin de aplacar el descontento social o con afanes políticos.
Durante ese proceso, patrocinado por instituciones financieras internacionales, “la pobreza se mantuvo en Bolivia”, según la versión ofrecida por el Banco Mundial. En ese contexto, la esperanza de vida al nacer fue estimada en 62 años. Lo propio ocurrió durante la bonanza económica del periodo 2011–2014. Recordemos que en este tiempo los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina oscilaron entre 3.800 millones de dólares a 6.011 millones. Datos que se desprendieron de las informaciones técnicas de entonces.
La pobreza, un problema endémico, por cierto, siempre estuvo en la agenda nacional. Siempre estuvo ligado con el destino de la población boliviana. Ningún gobierno, ojalá estuviéramos equivocados, ha trabajado a cabalidad para reducirlo, por el bien común. Obviamente que hubo esfuerzos, pero muy limitados y dispersos, que no colmaron las expectativas, relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida. El hambre, la deserción escolar y muerte prematura, rondaban por los hogares de los más necesitados. No existía la posibilidad de acceder a una canasta familiar digna y acorde a la realidad que se imponía entonces.
En la era capitalizadora más de seis millones de bolivianos y bolivianas se debatían entre la pobreza y la indigencia. La noticia se difundió al cerrar el año 2000. Una situación que profundizaba la desigualdad social. Erosionaba, asimismo, la estabilidad política. Y significaba el desgaste del proceso democrático. El pueblo boliviano luchó por la recuperación del sistema de libertades, pensando, básicamente, que con este se lograría pan, empleo y techo propio. Pero que fue defraudado una vez más. No había logrado tales objetivos y estuvo en las mismas o peores condiciones que en las dictaduras militares. Causante de esa realidad fue la falta de empleo estable y con salarios acordes con el costo de vida.
Los gobernantes de entonces reiteraron que, con el financiamiento proveniente de organismos multilaterales, se intentaría iniciar la actividad del Fondo de Lucha contra la Pobreza. La fecha estuvo prevista para enero de 2001 y el monto de la inversión alcanzaría los 50 millones de dólares. Pero reducir la pobreza no fue tarea fácil. Requería de un esfuerzo enorme, del consenso político y de acciones de desprendimiento. Es que estuvo enraizada en la sociedad boliviana, desde tiempos remotos. Ni con el financiamiento externo ni con todo el dinero de las empresas públicas privatizadas se pudo reducir la pobreza, que lastimaba a la población, en su mayoría. Y sus secuelas, profundizadas ahora a raíz de la pandemia de origen chino, se hacen sentir terriblemente.
En suma: los gobiernos, de origen izquierdista o derechista, deberían ser más responsables para luchar contra la pobreza.