El jurista español Baltazar Garzón, refiriéndose a una etapa política para el caso de Argentina, refería: “…hay dirigentes políticos que han comprendido que lo más democrático para preservar la defensa de la sociedad y de las víctimas es dejar al Poder Judicial que sea independiente y responsable”, haciendo alusión a una situación en que la justicia es fortalecida y se reduce la injerencia política en su actuar; inmediatamente cita una situación contraria denominándola como “invierno más feroz”, refiriéndose a la emergencia de acciones políticas tendientes a destruir la institucionalidad alcanzada.
Pero ¿cuál es la importancia de que exista independencia del poder judicial?, retomando las ideas de Garzón, la separación de poderes aportaría al equilibrio institucional, pues la concentración de poder en las mismas manos, derivaría en totalitarismo. Este argumento es muy similar al planteado por los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”; para ellos, los aspectos institucionales: económicos y políticos son determinantes para alcanzar una mejora material de la sociedad; cuando existen instituciones políticas absolutistas, quienes controlan el poder establecen sus propias reglas de juego, que les permiten beneficiarse a expensas del resto de la sociedad; el efecto inevitable es la prevalencia de una suerte de pugna por hacerse del poder a cualquier costa, solo por gozar de estos privilegios, hecho que podría derivar en anarquía, al extremo de promover exclusión, regionalismo y, en el peor de los casos, contiendas bélicas.
En términos de los autores, lo anterior es un patrón que se repite en casi todos los países menos desarrollados. Para alcanzar el desarrollo, entonces, es preciso que se garantice el cumplimiento del Estado de Derecho a través de sus instituciones llamadas para el efecto, como una salvaguarda ante el posible deterioro de los restantes poderes del Estado, que están dominados por partidos políticos.
La ausencia de una estructura judicial independiente tiene efectos directos sobre la sociedad y puede influir fuertemente sobre el desarrollo económico; se generan focos de corrupción que a su vez promueven descontento, afectando la cohesión social. Por otra parte, la instrumentalización de la justicia en el ámbito de la administración pública, repercute directamente sobre el bienestar ciudadano, pues la sola posibilidad de afrontar procesos judiciales parcializados, reduce los incentivos para que los tomadores de decisión en todos los niveles, emprendan proyectos de gran escala, se afecta el cumplimiento de la planificación de corto y medio plazo, reduciendo el impacto de los proyectos sociales, además se genera ineficiencia en la administración de los recursos públicos. Asimismo, desde el punto de vista de la iniciativa privada, se genera un mal precedente en relación con la seguridad jurídica, que afectan negativamente las decisiones de inversión, repercutiendo, entre otros, sobre la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
La justicia boliviana tradicionalmente ha estado influenciada por el accionar del Órgano Ejecutivo, sin embargo en la actualidad pareciera estar afrontando una situación peor que un “invierno feroz”, pues es evidente que sus decisiones responden a los lineamientos del partido en función de gobierno, claramente se la está empleando como mecanismo de revancha para el exterminio político de los grupos opositores, siendo las demandas judiciales la forma de amedrentamiento por excelencia; asimismo se ha convertido en una surte de barrera que impide el esclarecimiento de hechos de corrupción en los cuales han estado involucrados tanto autoridades como operadores políticos ligados al partido gobernante. Así, la sociedad observa pasivamente como los órganos del Estado destinan importantes recursos materiales y humanos para la solución de pugnas partidarias y para la persecución política, que no le reportan ninguna mejora material en su calidad de vida y que, de otra manera, podrían destinarse a optimizar la forma en la cual se administra justicia, como al fortalecimiento del capital humano con que cuenta el Órgano Judicial en la actualidad.
En esta situación es urgente dimensionar las causas y los efectos de esta pérdida de independencia, donde sean consideradas, además de los aspectos netamente jurídicos, las dimensiones social y económica, sobre las cuales la justicia tiene incidencia directa; es preciso que las autoridades y la sociedad comprendan que este accionar no condice con la búsqueda del bien mayor, cual es, la mejora en las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Esperemos que este invierno no termine por exterminar la menguada paz social y el desarrollo que tanto necesitamos.
El autor es economista.