Las condiciones de pobreza en que estamos como país, nos obligan a pensar y hablar mucho sobre la urgencia del desarrollo, la necesidad de crear emporios industriales, previas las inversiones financieras y tecnológicas; pero poco o nada se dice o planifica respecto a la necesidad de repoblar las áreas rurales que, a partir del año l953, han sido abandonadas por muchos trabajadores campesinos, porque es la misma Ley de Reforma Agraria, aprobada el 2 de agosto de ese año, que dividió las áreas agrícolas de tal modo que no sea posible negociar con base en ellas y ni siquiera que sirvan como bien hereditario. Los campesinos, especialmente jóvenes, vieron que los latifundios y hasta minifundios importantes hayan sido convertidos en posesiones de tierra más pequeñas que los minifundios y sembrar en esos espacios se hizo imposible.
Jóvenes, hijos de campesinos pobres, consideraron que la Ley de Reforma Agraria impidió que puedan cultivar y aprovechar la tierra porque entre muros divisorios (pirkas) quedaban espacios muy reducidos, imposibles para utilizar las “yuntas” de toros y arar la tierra; hacerlo manualmente resultó imposible y la consecuencia fue un éxodo masivo hacia las ciudades y sus alrededores poblados, con la mira puesta en conseguir trabajo en fábricas o en la construcción. Esa migración agrandó los límites de pobreza, el pago por servicios se redujo por la excesiva oferta de mano de obra y creó una especie de competencia injusta con quienes ya poblaban esos lugares, ciudades y áreas urbanas pobladas. Los campos abandonados quedaron en poder de las personas muy mayores y, en su mayor parte, sin cultivo alguno o simplemente con lo necesario para el sustento de las familias y “para celebrar la visita de jóvenes que volvían sólo por fin de semana” (este era el sentimiento de los mayores).
Hablar de desarrollo agropecuario sin el retorno de quienes lo abandonaron es inútil; creer en otro tipo de migración es imposible, porque el país, en su generalidad, nunca tuvo población numerosa. La gran solución radica en que retorne la juventud, pero previo ofrecimiento y otorgamiento de facilidades, provisión de herramientas, semillas, abonos y, si fuera posible, maquinaria para el cultivo; por supuesto, con un aporte financiero para el traslado de familias ya asentadas en las ciudades. Es importante planificar la construcción de caminos entre poblados y, finalmente, asegurar mercados para la producción. Hay una serie de previsiones señaladas por la misma Ley de Reforma Agraria que, de cumplirse, hoy sería muy diferente por lo productiva en cantidad y calidad de todo tipo de hortalizas y frutos de esas áreas, al igual que las de los valles y regiones orientales del país, que también deben recibir asesoramientos y ayudas para que mejoren su producción y tengan comercialización segura para sus productos, con la perspectiva de mejorar las condiciones económico-financieras de cada familia.
Todas las universidades del país podrían contribuir con el estudio y planificación de diversas formas de conseguir el retorno humano a las áreas rurales. Los estudios que realicen, sobre bases firmes y factibles que den resultados económicos importantes, son posibles si hay empeño en las principales casas de estudios superiores, especialmente Facultades de Ingeniería, Arquitectura, Agronomía, Veterinaria y Ciencias Biológicas; igualmente, institutos que formen técnicos medios y mano de obra calificada. En general, todo el sistema universitario podría contribuir de manera seria, eficiente y responsable, a la realización de proyectos en el campo rural con miras al desarrollo; todo dependerá de que se quiera hacerlo y se dé los pasos precisos para ello y es el gobierno, con participación del sector privado, que podría llevar a cabo todo lo que haya que hacer, pero ahora, sin esperar tiempos de las “calendas griegas”, que nunca llegan.