El Tribunal de Sentencia Primero de La Paz emitió citaciones a 45 testigos para el juicio oral que iniciará hoy contra la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez,, además de exjefes militares y policiales, por el denominado caso golpe de Estado II, empero uno de los acusados que guarda detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz, no fue notificado.
Añez, militares y policías son acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. La audiencia del juicio oral está programada para las 9:00 horas de hoy de manera virtual.
“Se señala audiencia de inicio de juicio oral, público y continuo, para el día 10 de febrero de 2022 a horas 9:00, debiendo constituirse en Sala de Audiencia virtual bajo el sistema Cisco Webex, los miembros del Tribunal, las partes, los testigos de cargo y descargo y los peritos ofrecidos por las partes”, se lee en el auto de apertura de juicio oral.
SIN NOTIFICACIÓN
El abogado, Eusebio Vera, que patrocina al exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, manifestó que su cliente aun no fue notificado con la acusación formal, pese a que la norma refiere que deben ser notificados con 20 a 45 días hábiles antes de la audiencia de juicio.
Por otro lado, las citaciones para asistir al inicio de juicio en contra de las exautoridades fueron liberadas por el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz. Las citaciones advierten que si las personas no asisten serán aprehendidos.
“En caso de no presentarse a la audiencia virtual se librará el correspondiente mandamiento de aprehensión”, señala la parte final de la citación a los testigos.
RECHAZO
Por otro lado, el juez Octavo de Sentencia en lo Penal, Franklin Siñañi, denegó ayer la Acción de Libertad presentada por los abogados que patrocinan a la expresidenta por lo que quedó expedita la realización del juicio oral.
“Se niega la tutela la señora Jeanine Añez y las partes quedan notificadas”, dijo la autoridad jurisdiccional, según el reporte de urgentebo.com.
La justicia consideró que persisten los riesgos procesales como obstaculización y fuga durante la investigación.