Ante los constantes cuestionamientos sobre las penas aplicadas por feminicidio, violación y otros crímenes violentos en las normativas bolivianas, el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, planteó la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para que las condenas de las personas que hayan cometido estos delitos puedan acumularse.
En conferencia de prensa, Céspedes propuso modificar el artículo 108 de la Constitución, para que las condenados a la pena de 30 años por haber cometido múltiples delitos como violación, feminicidio y asesinato, sean pasibles a que sus condenas puedan sumarse.
“Vamos a solicitar la modificación del artículo 118 párrafo II en la Constitución Política del Estado. Mi propuesta es incluir la sumatoria de penas, es decir, si una persona como el asesino serial (Choque) quien secuestró, violó y asesinó a una dama, cometió tres delitos, sus condenas deben sumarse”, explicó el legislador.
Recientemente el diputado oficialista, Héctor Arce, planteó la incorporación de la pena de muerte en las normativas nacionales, sugerencia que fue cuestionada por parlamentarios. Al respecto, Céspedes descartó esta posibilidad, debido a que el Estado boliviano ratificó el Pacto de San José de Costa Rica donde señala, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
De esta forma, pidió a la asociación de víctimas de feminicidios que acudan al Comité del Ministerio Público, Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Diputados, para ver qué otras modificaciones más puedan ser planteadas para su tratamiento. “El pueblo boliviano pide la modificación de la Justicia”, añadió.
Desde la oposición existe apoyo a esta sugerencia pero se pide que los encuentros convocados para realizar abordar las posibles modificaciones no se conviertan en reuniones para la militancia oficialista, por el contrario se escuche el punto de vista de especialistas en la materia.
“Lo importante es lograr un gran dialogo nacional que permita tomar en cuenta a la gente que conoce, tendríamos que tener a los mejores juristas debatiendo como tenemos que reformar la justicia”, manifestó el diputado Alejandro Reyes.
Puntualizó que si no se hace de esta forma, se continuara con las líneas improvisadas que salen del Gobierno sin alcanzar reformas a las justicia como demanda la población. “Las cumbres de partido no nos sirven en este momento”, indicó.
La vigente Constitución Política del Estado, aprobada el 7 de febrero del 2009, establece en su artículo 118, párrafo II, que la pena máxima en Bolivia es de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. En este marco, la Ley 348 castiga el feminicidio con esta misma penalidad