Hay algo que el MAS no le ha dicho al país en palabras, solamente en los hechos: el cocalero Morales y el “doctor en economía” García Linera siguen en funciones a pesar de que ahora hay otros en sus cargos de presidente y vicepresidente.
Es una especie de monarquía, que podría llamarse “constitucional” si respetaran la constitución, pero que permite que ambos personajes mantengan sus poderes en una división muy clara de funciones.
El cocalero sigue mandando sobre la justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, además de retener su rol de verdadero “zar” de la coca y sus derivados.
Ha ordenado que la señora Añez sea condenada, y así lo hará la “justicia”, ha dispuesto qué coroneles deben ser ascendidos a generales, incluso los más burros de sus promociones, y también qué generales deben dejar de serlo. Y así se está haciendo, aunque en el caso de los nuevos generales el pan se le está quemando en la puerta del horno debido a la indignación de los oficiales.
Ahora, el país tiene 18 nuevos generales, elegidos por el dedo del «jefazo», aunque sus nombres no se los termine de conocer porque fueron aprobados en una sesión clandestina del senado. Y el misterio mayor es el nombre del general que el cocalero ordenó degradar de inmediato.
Si no fuera que la DEA despertó de su larga siesta, el cocalero estaría ahora feliz en su rol de verdadero «zar» de la coca. Tan cobarde es que corre la versión de que está preparando otra fuga.
El «doctor en economía» egresado de la UNAM de México, aunque esa universidad lo haya negado, ha recuperado sus ínfulas de dictador consorte.
En la división de funciones de estos miembros de la nueva monarquía, a éste le ha tocado, por lo que se ve, el área económica, donde ha decidido reinar a pesar de que el nuevo presidente es economista y tiene un equipo que se ocupa de esa área.
El tono que ha usado en una reciente entrevista revela que él, en persona, puede tomar decisiones de política económica haciendo abstracción de la existencia de un gobierno a cargo de un presidente y un vicepresidente.
La frase más reveladora de esta nueva realidad: «De Bolivia debe haber $3.000, $4.000, $5.000 millones en paraísos fiscales. Plantearía amnistía para que los empresarios lo regresen e inviertan donde quieran, pero cuando pase la amnistía, si no repatriaron ese dinero, les caigo con expropiaciones».
Lo preocupante, en este caso, y que confirma la existencia de un supragobierno, es aquello de «les caigo con expropiaciones».
Él les cae con expropiaciones a los bolivianos que no hubieran utilizado la amnistía que él les daría para repatriar sus ahorros y ponerlos a disposición del gobierno, se supone, salvo que deban ponerlos a disposición del dictador consorte.
Lo que ha hecho hasta ahora el presidente que supuestamente está en funciones es mirar para otro lado cuando el cocalero lanza gritos de pavor ante el avance de la DEA. Y en el tema económico podría sacar provecho de la histeria del dictador consorte.
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