El Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, confirmó su visita oficial a Bolivia desde mañana hasta el 22 de febrero.
«El día de mañana inicio mi visita oficial como Relator de la ONU, donde abordaré cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del poder judicial, los fiscales, y el ejercicio de la profesión jurídica» tuiteó más temprano.
El Gobierno cifró sus esperanzas en la llegada el exmagistado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para validar su proyecto de reforma judicial hecho a su medida pese a las recomendaciones de organismos internacionales de una transformación profunda.
Los resultados del diagnóstico y los recientes hechos registrados dan cuenta de un sistema de administración judicial flagelado por la corrupción y la falta de independencia.
Recientemente, el Consejo de la Magistratura determinó intervenir todos los juzgados de ejecución penal después de que se descubrió que un juez sacaba de la cárcel a cambio de dinero a feminicidas, asesinos y otros crímenes.
El Gobierno también organizó una comisión para revisar los casos de feminicidio y violaciones porque hay más denuncias de beneficios otorgados por jueces a personas sentenciadas por delito.
Otro factor que heredó el sistema judicial es su funcionalidad a los gobiernos de turno desde la etapa de Evo Morales, así lo advierten informes independientes como el de GIEI y Human Rights Watch.
En su documento presentado en agosto del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó falta de independencia de la administración de justicia, ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, el uso abusivo de la prisión preventiva y otros.
El grupo de expertos que hizo un informe sobre las violaciones a derechos humanos y muertes en la crisis política de 2019 advirtió que «persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia».
Asimismo, indica que los magistrados y fiscales «están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe».
El GIEI también alertó que las falencias identificadas son un problema estructural.
En ese mismo informe se lee que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) ha identificado, de manera reiterada, «la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data».
Las recomendaciones fueron interpretadas por el Ejecutivo boliviano con un sesgo político y emprendió una reforma superficial como la evaluación de jueces y «cumbres judiciales».
Desde la oposición consideran que el gobierno de Luis Arce evita realizar una reforma estructural porque podría perder el control de la administración de justicia que ahora es usado para «perseguir» a opositores como la expresidenta Jeanine Añez, quien ahora es juzgada en la vía ordinaria pese a que le corresponde un juicio de privilegio por su condición de exmandataria.
«Las Naciones Unidas tienen una oportunidad de oro para palpar la situación de la justicia en Bolivia y que la visita de este funcionario (García-Sayán) no sea simplemente un viaje caro, de turismo. Esperemos que visite a la expresidenta Jeanine Añez que está en huelga de hambre» demandó el senador Rodrigo Paz.
El legislador espera que el Relator pueda establecer las líneas de una «verdadera reforma» de la justicia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que el funcionario de las Naciones Unidas se reunirá con «todos los agentes estatales que tienen que ver con la justicia», el presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y los ministros del Mandatario.
Hasta ahora se tienen programadas más de 30 audiencias con sectores de la sociedad civil, según la autoridad del Ejecutivo.
Desde Chapare, el jefe del MAS (Evo Morales) que según informes mencionados más arriba tiene responsabilidad en el deterioro de la administración judicial en Bolivia dio algunas directrices a García-Sayán: «Será útil para su trabajo reunirse, conocer y recoger testimonios de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y torturas del gobierno de facto».
El 11 de febrero, el Relator Especial de la ONU explicó en sus términos lo que viene a hacer a Bolivia: «El objetivo de mi visita es examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la justicia en Bolivia, y poder hacer una contribución a los esfuerzos de reforma en curso en el país».
También dijo que examinará la igualdad de acceso a la justicia y la asistencia jurídica, incluso desde una perspectiva de género. «Pretendo establecer un diálogo constructivo con todas las partes interesadas en fortalecer la administración de justicia en Bolivia».
Durante su visita, el experto se reunirá con funcionarios gubernamentales y autoridades legislativas, así como con jueces, fiscales y abogados. También se reunirá con representantes de la sociedad civil, académicos, organismos de las Naciones Unidas, cooperación internacional y diplomáticos.
Al final de la visita, el 22 de febrero, realizará una conferencia de prensa para presentar sus observaciones preliminares. La rueda de prensa será a las 14:00 en el hotel Presidente de La Paz.
El Relator Especial presentará un informe completo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2023.