Antecedentes
Con la amarga y desconocida actuación de Bolivia, a través de sus asesores externos y la actuación del representante boliviano ante el Tribunal Internacional de Justicia, organismo de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad de La Haya (Reino de los Países Bajos), en el vital tema del acceso marítimo ofrecido a Bolivia en innumerables ocasiones por el país invasor de su litoral marítimo, Chile, este Tribunal concluyó, rotundamente, que Chile no tenía obligación alguna de cederle acceso marítimo a Bolivia, compensatorio por el despojo consumado con la invasión de su territorio el 14 de febrero de 1879 y luego Guerra del Pacífico que concluyó con la firma del Tratado de Amistad y Límites en 1904, impuesto a Bolivia con la amenaza de sus tropas armadas que continuaban en la frontera listas para el apronte y la asfixia financiera que ejercía sobre las operaciones aduaneras de Bolivia desde el Tratado de Suspensión de Hostilidades y Tregua de 1884. El cinismo chileno expresado por su diplomático de esa época no tiene parangón en el mundo, cuando el embajador plenipotenciario Abraham Konig sostuvo que Chile retiene el litoral boliviano, con el derecho que le da la victoria, porque es rico, cosa que ya sabían, porque si no fuera así, no tendrían interés alguno en retenerlo.
Demanda de Chile ante Tribunal Internacional de Justicia por las Aguas del Silala aduciendo ser un río de curso sucesivo transfronterizo y pidiendo que su uso sea en forma equitativa.
La opinión pública boliviana –no informada técnica, administrativa y jurídicamente sobre el actual litigio seguido por Chile ante este mismo Tribunal Internacional desde el 2016, por las aguas del Silala, ubicadas en el cantón Quetena de la provincia Sud Lipez, departamento de Potosí, en el límite fronterizo con Chile, mantiene una posición de la ciudadanía boliviana entre pesimista y expectantica sobre el tema, por cuanto no conoce sobre la capacidad, idoneidad profesional y técnica y representatividad de los asesores externos y el representante de Bolivia de ante ese Tribunal Internacional que, recién se conoce, es el embajador ante los Países Bajos, embajador Roberto Calzadillas.
Bolivia debe defender su derecho propietario de estas aguas fósiles estáticas contenidas en bolsones subterráneos formados en épocas remotas –sin recarga superficial por las exiguas precipitaciones pluviales en la zona y no existir nieve ni granizo– localizadas en su territorio y la inexistencia de río alguno de curso sucesivo transfronterizo mediante alegatos orales en el próximo mes de abril, ya que los alegatos formales escritos ya fueron presentados.
En enero de 2003, el finado ingeniero Antonio Bazoberry publicó su libro “El MITO DEL SILALA”, (editorial Plural), donde, exhaustivamente, desde los puntos de vista jurídico, técnico y administrativo, demostró, incuestionablemente, ante la pretensión chilena de querer internacionalizar un trazo semejante a un río — dibujado en el mapa de Límites entre Bolivia y el nuevo territorio de Chile (1904), después del despojo– que se inicia en la región del Quetena (Bolivia) e ingresa al nuevo territorio de Chile. “Bazoberry sostuvo que el argumento de Chile es inconsistente, porque el curso natural del río San Pedro –en territorio chileno– no se puede cambiar ni geográfica ni físicamente con un dibujo en un mapa geográfico. Este acto ilegal atenta contra la soberanía del país y su falsedad puede demostrarse utilizando imágenes satelitales”.
El libro del Ingeniero Daniel Oropeza Echeverría, con el título: “SILALA. POTOSI. BOLIVIA”, (editorial Greco, publicado el 2021), presenta una posición razonablemente optimista sobre el resultado de la demanda de Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, basado en argumentos técnicos, exhaustivamente expuestos; fundamentos de orden administrativo en la petición de su adjudicación a la Prefectura de Potosí para el uso, exclusivo, en las locomotoras a vapor de agua de la empresa privada, con sede en Londres, Inglaterra, The Antofagasta (Chili ) & Bolivia Rail Way Co. que operaba el ferrocarril que unía Antofagasta (Chile) a la frontera (Ollague) y Abaroa (Bolivia) a Oruro (Bolivia), que llegó en 1892.
Decimos que la inclinación del libro es razonablemente optimista, ya que los argumentos que utiliza para sustentar su posición están basados en el conocimiento científico, la lógica y el razonamiento debidamente fundamentados y un amplio sentido de la realidad, porque de otro modo su autor sería un optimista ingenuo.
El ingeniero Daniel Oropeza comienza su argumentación documentaria lógica analizando:
1) La solicitud de la empresa ferroviaria privada The Antofagasta (Chili ) & Bolivia Rail Way Co. a la Prefectura de Potosí en 1908, al amparo de la Ley de Aguas de Bolivia, para la concesión de las aguas del Silala para uso EXCLUSIVO en las locomotoras a vapor de agua que hacían el servicio ferroviario entre Antofagasta (Chile ) Ollague y Abaroa (Bolivia) hasta Oruro, a donde llegó en 1892.
(Continuará).