El Ministerio Público activó nueve operativos de allanamiento a inmuebles tanto del exministro Arturo Murillo y otros, además de 19 alertas migratorias contra varias personas implicadas en la irregular compra de gases lacrimógenos y material no letal para la Policía boliviana.
“Hemos realizado, en conjunto con la Policía, seis allanamientos en todo el territorio nacional. Hoy estamos realizando tres allanamientos más. Hemos encontrado bastante documentación, no solo vinculada al caso de la compra de gases lacrimógenos, hay una serie de otros procesos que se encontrarían en estos domicilios”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Dos de los allanamientos a inmuebles, propiedad de Murillo, se realizaron en Cochabamba, una casa ubicada en Tiquipaya y un departamento en la zona de Sarcobamba.
Durante el operativo en la casa de Tiquipaya, el Ministerio Público secuestró armas de fuego y chalecos antibalas como evidencia, lo que agrava la situación del exministro Murillo.
Los operativos de inspección con carácter investigativo alcanzó a los domicilios de los oficiales de policía Ivar G., Daniel B., la casa del jefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez, y la casa de su excuñado Daniel A., involucrados en la irregular compra del material policial no letal.
El martes pasado, tras hacer pública una declaración jurada del agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Jonathan Eades, acerca de legitimación de ganancias ilícitas y soborno de $us 582.000, al menos cuatro personas involucradas fueron aprehendidas.
ALERTAS MIGRATORIAS
En tanto, el comandante general de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, informó que las investigaciones alcanzan a funcionarios en jefatura administrativa y asesorías jurídicas durante la gestión del exministro Murillo, por lo que se activaron, al menos, 19 alertas migratorias.
“Ya se han emitido una diversidad de alertas, por lo menos 19. Son alertas migratorias producto del análisis que establece quienes hubieran participado. Hay muchas personas que producto del proceso ya habían salido del país”, declaró.
Las investigaciones, según precisó Aguilera, alcanzan a jefaturas jurídicas, dependencias administrativas y otros que han tenido que ver con la cadena documental que verifica la materialización de un sobreprecio de 2.4 millones de dólares en la compra de armamento no letal.
En criterio de la autoridad policial, si bien el proceso fue iniciado en junio de 2020, este no tuvo avance resultado de estrategias en los ministerios de Gobierno y Defensa que impedían la persecución penal.
“Muchas de ellas (estrategias) se traducían en la devolución de requerimientos, en negar la anotación de la alerta migratoria en el sistema y otras que se han materializado en el encubrimiento a la actividad ilícita”, dijo.
Aguilera insistió en la necesidad de establecer el carácter doloso, o no, de las actuaciones administrativas de quienes fingían como servidores públicos en los ministerios de Gobierno y Defensa.
