Acerca de la explotación de oro

Al presente el oro es el principal mineral de producción en el país, tal vez no en cantidad, pero sí en calidad e importancia. Sin embargo, el Ministerio de Minería, Comibol, Senarecom y otros, no le dan la debida atención. Con datos precisos los expertos constatan que en los tres primeros meses del año las exportaciones de oro alcanzaron 448 millones de dólares. Asimismo, la pandemia y diferentes problemas internacionales económicos determinaron la cotización de la onza troy en 2.000 dólares, precio histórico tan elevado que jamás alcanzó el precioso metal. Esta cotización viene favoreciendo la expansión de las cooperativas correspondientes, contándose 1.400 en el territorio, de las cuales La Paz alberga 1.200, conjunto que arroja una explotación de 40 toneladas al año.
La Ley 3.787 fijó una tasa del 7% del valor bruto de venta. Una siguiente disposición redujo esta tasa a 2.5%. La motivación aparente era que se trataba de emprendimientos precarios, de poco capital, sin maquinaria y marginales. Este pretexto tiene origen político, sin duda. En el indicado volumen de exportación se inserta el oro procedente del Perú por vía de contrabando y responde al bajo nivel impositivo vigente en Bolivia, muy inferior al aplicado en el Perú. Además, este oro es encubierto como deshechos, “basura”, tratamiento compartido por los departamentos productivos de La Paz, Santa Cruz y Beni. Las pérdidas para el Estado son enormes y tienen que ver con el dejar hacer y dejar pasar de las autoridades, convertidas en cómplices del latrocinio. No en vano disputamos los primeros lugares de corrupción a nivel global. Algunas empresas del mismo rubro comparten estos parámetros perjudiciales de evaluación.
Los cooperativistas admiten que para obtener 7 gramos de oro emplean 90 litros de diésel, insumo subvencionado y que es otra fuente de pérdida, si se mira su enorme consumo. A ello se suma la contaminación que acompaña a esta actividad por el empleo de mercurio en grandes cantidades. La degradación de los ríos es conmovedora. Agentes y empleados chinos saquean –nunca mejor empleada esta palabra— nuestra riqueza a la luz del día y de la noche. Se ubican en idéntica tarea, súbditos colombianos, brasileños y otros. La presencia del Estado es casi nula.
Los distintos gobernadores en 15 o 16 años a la redonda han cruzado los brazos en este tema vital para el departamento y cuyas regalías sacarían de apuros a su escaso presupuesto. El nuevo gobernador debería gestionar ante el gobierno una mejor fijación impositiva y de regalías. Tratándose de una autoridad con expectativas políticas, es posible que siga la tradición de sus contemplativos antecesores.