Nuevo, insólito y potencial arma de muerte con antecedentes de fallecimientos, es el proyecto de ley de “Declaración de la dinamita y el “guardatojo” como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”, presentado por el senador masista Hilarión Mamani, pese a que éste no podía ignorar que la Ley 400 prohíbe el uso de toda clase de explosivos en marchas y manifestaciones, además de un decreto supremo en el mismo sentido. Este tipo de aventuras legislativas impresentables y de interés solo de algunos sectores, ocupan la mente de diputados y senadores de esa sigla y no de propuestas constructivas y de bien común. Esta clarinada de enfrenamiento y luto que acaba de emanar, pone en duda la “cultura de la paz” que pregona como suya el partido de gobierno.
No se olvide que con el uso indiscriminado de dinamita se cuenta fallecidos en demostraciones de fuerza del partido oficial y de mineros y otros de sus propias filas, que perdieron brazos, ojos y órganos. La dinamita es arma letal y ofensiva, cuyo estallido amedrenta y es disruptivo de la tranquilidad de las ciudades y de la actividad cotidiana. Tampoco se borra del recuerdo de propios y extraños que con ese explosivo se derrumbaron rocas, enormes piedras y toneladas de tierra en el tristemente célebre bloqueo de carreteras para impedir el paso de oxígeno a las ciudades en los días más agudos de la pandemia y en los que se perdieron vidas por falta de ese recurso terapéutico. El proyecto dinamitero fue remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas, donde seguramente será aprobado.
La Asamblea Legislativa, de 2/3 o mayoría del MAS, es epicentro de propuestas de este carácter que parecieran ofrecer escasez de capacidad para proyectos originados en ese ámbito con finalidades nacionales constructivas, mientras los proyectos de la oposición son rechazados sin debate, muchos de los cuales buscan el desarrollo nacional, social y humano. En cambio, el tiempo legislativo es ocupado en leyes parecidas a esta del guardatojo. Tenemos en calidad de ejemplos la declaratoria de la coca como hoja “sagrada”, ídem sobre algunas danzas folklóricas, las del Gran Poder y demás por el estilo. Las Cámaras se reducen asimismo a cumplir el rol de mero canal administrativo de aprobación de expropiaciones de terrenos o tierras para futuras obras o repartos, aprobación de empréstitos, etc.
Leyes “enlatadas” envía el Órgano Ejecutivo al Legislativo, es decir, elaboradas por consultores, ya que los ministros y sus colaboradores no están para tomar semejante tarea, salvo quizá excepciones. Esto ocurrió en los 14 años evistas y ahora sigue la misma tradición con un alto costo público. Acaba de ser presentado otro proyecto de parecida silueta. Se trata del tema todavía no bien investigado de Senkata, Sacaba, Betanzos, etc., declarando a esas poblaciones heroínas y defensoras de la democracia. Sin duda, es otra prueba de la desorientación y excesiva politización legislativa oficialista.