Ya no sorprende la actuación de los asambleístas del oficialismo populista, que por la carencia de formación académica o de simple criterio (salvo alguna excepción), cometen errores que agreden los valores ciudadanos de nuestra población. La reciente ha sido la presentación de un proyecto de ley de un senador “masista” que propone que por ley se declare “patrimonio cultural del pueblo boliviano” a la dinamita y el casco minero.
La dinamita o TNT es una gelatina explosiva que fue creada por Alfred Nobel en 1875 por la mezcla de algunos componentes y se usa en la actividad minera, construcción, túneles y para fines bélicos. Por su carácter destructivo, por la explosión que produce, en su manejo se recomienda mucho cuidado.
Se entiende por patrimonio cultural de una sociedad, una obra material o inmaterial de importante valor para esa sociedad, es decir que la valora y la incorpora a su ser colectivo y se preserva y transmite entre generaciones, de tal manera que permanece en el tiempo por sí misma o por los beneficios que ha dado a la sociedad a la cual le ha enriquecido culturalmente.
El hecho es que, en las manifestaciones públicas de protesta de algunos sectores de trabajadores, como los mineros, para amedrentar a la población por el elevado ruido que produce en su explosión, la dinamita es utilizada para reprimir a la protesta social, como ocurrió en los días de octubre de 2019 por mineros trasladados a la sede de gobierno, que se acoplaron a la policía para reprimir a los ciudadanos, por el fraude electoral montado por el gobierno. De ninguna manera significa que la población estime a la explosión dinamitera como su patrimonio, al contrario, el pueblo repudia todo acto de violencia.
Sostengo que como nunca antes, el Órgano Legislativo ha perdido su cualidad y distinción, debido a la mediocridad de buena parte de sus componentes, en especial de los oficialistas que, por su afán de protagonismo, hacen constantes declaraciones a los medios de comunicación, demostrando insuficiencia de conocimientos y no comprensión de la realidad del país, y algunos asambleístas de oposición “tránsfugas y traidores” a sus electores.
Los asambleístas del Órgano Legislativo tienen como funciones el elaborar leyes para beneficio de la comunidad nacional y fiscalizar los actos de los otros poderes, pero en estos tiempos de quince años de populismo, las leyes se originan mayormente en el Órgano Ejecutivo, de tal manera que los asambleístas solo las aprueban, por lo que la opinión del pueblo los ha denominado “levanta manos” y, por supuesto, muy bien rentados.
Una de las características de un Estado moderno es que las instituciones públicas cumplan sus funciones establecidas en la Constitución Política, pues es a través de éstas que el Estado cumple sus fines y funciones. Si repasamos nuestra realidad institucional, nos encontramos que las instituciones públicas no cumplen sus finalidades, el Judicial no imparte debida justicia, el Ejecutivo gobierna más para sus adherentes, el Legislativo se ha convertido en una célula partidaria en la que los oficialistas hacen cerrada defensa de las políticas del gobierno, cual portavoces, desconociendo que son un órgano independiente y separado de los otros órganos, el ahora Órgano Electoral carece de credibilidad y todo el aparato administrativo público.
Hace quince años que los ciudadanos bolivianos padecemos los excesos de poder del régimen populista de los cocaleros del Chapare. El racismo anti mestizo está alentado desde la vicepresidencia del Estado; se ha despilfarrado ingentes recursos originados en los altos precios de materias primas hasta el año 2014, desde el que estamos en una crisis económica y social; el 90% de las empresas públicas creadas al calor del estatismo, no son rentables; la sociedad está dividida; los déficits fiscales van en aumento; la persecución judicial a los opositores es la política del gobierno; la política exterior es errática, y vivimos en la incertidumbre que debería darnos un buen gobierno que tenga credibilidad y acierto en sus políticas, etc.
Ya lo dijimos antes: es necesario “construir no destruir”, no dinamitemos la Patria que ha costado tanto preservarla.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.