De cargar agua en una tinaja sobre la cabeza desde el río, hasta abrir el grifo en la casa, Irma Selene, una mujer de 87 años, recuerda en la plenitud de su vejez, lo duro que fue criar a sus ocho hijos en San José de Chiquitos, una población que bordea la temperatura por encima de los 36 grados y que ahora debe vivir con agua que proviene de pozos, bajo el asedio de varias presiones.
“Todo pues es moderno, hasta la cooperativa que da agua, en aquellos tiempos no había grifo, era traer en la cabeza en tinaja. Cuando hay fiestas falta el agua porque viene harta gente, se baña”, relata risueña mientras trata de refrescarse en una salita llena de santos en la casona que se hizo con su esposo, frente a la plaza principal del pueblo.
Recuerda que el año pasado los barrios bajos de San José tuvieron que proveerse de agua de cisternas entre los meses de agosto, septiembre y octubre por una sequía fuerte que hubo en la zona. Con 20 nietos, 20 bisnietos y una tátara nieta, Selene solo espera que el legado que dejó sea conservado.
San José de Chiquitos, el municipio que alberga a la única iglesia de piedra de la misión jesuita a 274 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, tuvo que echarle mano al agua subterránea de pozos para cubrir el 70 % de su demanda. La solución temporal ha salvado a este pueblo de la mayor crisis hídrica que ha sufrido en los últimos años.
Conseguir agua en San José, en plena Chiquitanía, se ha convertido en un verdadero desafío debido a que el municipio no cuenta con fuentes de agua superficiales como lo tiene Roboré, por ejemplo.
Así lo hace saber Gabriel Rojas, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Primero de Mayo, más conocida como “Comayo R.L”. Alerta de una acelerada deforestación en el municipio, con fuertes impactos en el ciclo hídrico y un imparable proceso de asentamiento de nuevas comunidades campesinas e interculturales, como parte de las presiones.
“¿Qué ha hecho San José para abastecer a una población que constantemente crece, y más aún cuando es un destino turístico?”, lanza la pregunta y responde casi de inmediato: como solución rápida es echarle mano a lo disponible que tenemos ahora que es el agua acuífera o subterránea.
Y es que San José de Chiquitos se abastece de un sistema mixto de provisión de agua; es decir, de una vertiente natural llamada Sutó -donde históricamente se fundó Santa Cruz- a orillas del entonces río, y que con el pasar del tiempo se convirtió en un arroyo que ofrece no más de 13 litros por segundo. Este caudal abastece solo al 13 % de la población.
El río más cercano está a 45 kilómetros, el Quimone, camino a Santa Cruz, el cual se alimenta de la cuenca del Parapetí y maneja un caudal muy importante, pero aun así está distante y en un nivel bajo de referencia a la misma población.
Por eso, Comayo, evalúa la posibilidad de represar el agua de Quimone y llevarlo hasta San José. Otra posibilidad es el río San Miguel que está a 65 kilómetros. En ambos casos, las fuentes de aguas son superficiales y están distantes a la mancha urbana de San José.
Pero con el pasar del tiempo, los hechos jugaron en contra de San José, donde entre el 2019 y el 2021 se incrementaron a 42 las comunidades campesinas y de interculturales en el municipio, lo que implicó la deforestación.
El desafío es mantener la distribución del agua en cantidad y en presión, para lo cual se adoptaron varias medidas. “El 2020 fue uno de los años más complicados, este 2021 logramos regularizar”, señala.
A pesar que no se interrumpió el suministro de agua, se tuvo que apelar a campañas de concientización para dar un uso más eficiente de lo poco que se tenía a disposición y cuidar las áreas de recargas hídricas.
Se formó un comité interinstitucional para llegar a una cumbre del agua buscando una solución definitiva. Se acudió a información técnica de la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Católica Boliviana, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, como Fundación Amigos de la Naturaleza, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y otras para encarar el proceso de concientización.
Un año antes, el 9 de julio de 2019, el expresidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3973, poco antes de que se descontrolaran los incendios forestales en la Chiquitanía. Con la norma se dio luz verde para que en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
La norma claramente fue en contra del Plan de Uso de Suelos (PLUS) que establece que en la Chiquitanía sus suelos no son de aptitud agrícola, sino forestal y mucho más las zonas de Roboré, Tucavaca, San Matías y San José de Chiquitos.
Del 2012 al 2019, en Santa Cruz se deforestó 1.070.151 hectáreas de bosque, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Los registros muestran que el 64 % de ese desmonte fue hecho de forma ilegal.
Según la Fundación Tierra, entre el 2003 y 2019, el INRA departamental Santa Cruz aprobó 1.300 resoluciones de nuevos asentamientos en la Chiquitanía. Según datos oficiales, reconocen 900 autorizaciones en ese periodo.
“En tal sentido somos un municipio que abastece su área urbana con una batería de 15 pozos perforados alrededor de San José de Chiquitos y una vertiente de agua para el consumo humano”, señala.
Al igual de Roboré, San José se encuentra sobre una formación rocosa del precámbrico brasilero, la que no permite perforaciones más allá de los 100 metros, pues se requeriría de maquinaria de uso petrolero para penetrar.
Por un censo propio realizado por la Cooperativa, se contabilizaron aproximadamente 20 mil personas en la mancha urbana de San José, distribuidas en 4.000 conexiones de agua potable.
Un árbol menos, son dos gotas menos –asegura Rojas a modo de graficar- quien asegura que la deforestación ha repercutido mucho en la corriente del agua subterránea.
A pesar que el municipio de San José de Chiquitos se declaró el 2019 en desastre por las sequías e incendios forestales, los pozos de privados van proliferando sin una licencia ambiental.
En los últimos años los incendios forestales en Bolivia han sido devastadores. Solo el 2019, el fuego arrasó más de cinco millones de hectáreas a nivel nacional, de las cuales dos millones estuvieron concentradas en Santa Cruz; mientras que el 2020 cuatro millones de hectáreas de bosques y arbustos se consumieron por el fuego.
“Toda el agua de San José viene del norte, y si vemos el registro histórico de la deforestación del lado norte el 70 % del bosque ya está tumbado por los menonitas, por las comunidades que empiezan asentarse, es desastroso”, sostiene Gabriel Rojas.
Al momento de identificar a los causantes del desastre en San José, Rojas apunta a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la Gobernación de Santa Cruz y al propio municipio. “Hay un desconocimiento total de todos los niveles del Estado de lo sensible que es el recurso hídrico, de que está afectando brutalmente al sistema hídrico”, asegura.
“El año pasado casi se agarran a machetazos en San José porque un privado empezó a represar el agua para priorizar a su ganado dejando a la población sin agua”, dice.
Los 15 pozos en funcionamiento garantizan actualmente dos millones 800 mil litros, frente a una demanda de dos millones 500 mil litros. “Entonces podemos decir que estamos respirando, pero nada nos puede garantizar que los acuíferos sigan produciendo la misma cantidad”, advierte el gerente de la cooperativa.
Reconoce sin embargo que la tarifa del agua potable en San José es más cara en relación a sus vecinos. “Por ejemplo, en Roboré el 100 % de su agua es superficial, en cambio en San José el 30 % viene de manera superficial y el 70 % hay que bombear”, señala.
Por ende, San José es el tercer consumidor de energía eléctrica del municipio, pues por cada bomba que usa para sacar el agua del pozo consume el equivalente a 17 hogares. (Brújula Digital-Reportaje elaborado con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia)
