La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 218. I que “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos… III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”.
Para elegir una defensora o un defensor, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una Comisión Mixta para la selección de postulantes. En la primera etapa se realizó la apertura de sobres, para su registro correspondiente, con 198 postulantes. En la segunda etapa se hizo revisión de la documentación, solo para ver si se cumple o no; para la verificación de la declaración ante el notario se remitió a diferentes autoridades, las que enviaron su certificación. Con la documentación se procedió a la revisión, quedando 72 personas y el resto fue inhabilitado.
La población vio con asombro que la señora Nadia Cruz no hizo su trabajo, se dedicó a realizar campaña pública para el Movimiento al Socialismo, se la vio en arengas a favor de candidatos, infringiendo su labor de “Defensora del Pueblo”. Con ese acto político perdió credibilidad. Lamentablemente, se presentó como postulante ante la convocatoria de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma que la inhabilitó porque estaba en funciones durante más de 3 años y no puede ser designada por segunda vez en el cargo, como establece el Art. 219 de la CPE.
Se pudo observar que algunos diputados salieron de las mesas y encargaron a sus “asistentes” el trabajo de selección, otros se burlaron de los apellidos y estaban de “veedores” los servidores de la Asamblea Legislativa, objetando y perjudicando el trabajo de los veedores de la sociedad civil. En la revisión se obvió el examen de Hojas de Vida en el formulario que lo pedía como requisito. Incluso hubo denuncias de que hicieron desaparecer la Hoja de Vida firmada, como afirmó el afectado en este caso, Manuel Morales.
En la siguiente fase, trabajaron sobre las impugnaciones, obviaron las impugnaciones de algunos diputados de la oposición, argumentando que no estaban bien fundamentadas, quedando 66 habilitados. Luego, en la siguiente fase trabajan en cumplimiento de 6 criterios de los 10 establecidos. En esta etapa se pudo observar que algunos postulantes presentaron como respaldo “certificados de juntas vecinales y de dirigentes deportivos”. Felizmente hizo observaciones la senadora adscrita, abogada Silvia Salame, que hace un trabajo eficiente, digno de una mujer, pues evitó en varias oportunidades que habiliten a personas que no respondían a los requisitos exigidos, porque había muchas certificaciones de los interculturales, con serias dudas sobre su emisión, por falta de fecha de la certificación y nada tenían que ver con derechos humanos.
Es importante que las organizaciones que se acreditaron como veedores se hagan presentes en la última etapa, que es la más importante, porque se verá la capacidad de conocimiento de la Constitución Política del Estado, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, y finalmente sobre la Ley del Defensor del Pueblo y especialmente si conocen algún idioma indígena, como establece la convocatoria. Y que hagan las observaciones necesarias para que se elija una o un defensor que tenga condiciones idóneas que demuestren una vida ejemplar, con transparencia, honestidad, sin indicio de corrupción. Que sea verdadera Defensora o Defensor del Pueblo, especialmente de los más vulnerables y se recupere la condición por la que fue creada dicha entidad, que es para defender al pueblo ante los abusos del poder político.
Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.