Los diputados de la República y el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) pidieron al actual presidente de la República, Carlos Alvarado, o en su defecto al mandatario electo Rodrigo Chaves, vetar un proyecto de ley que atenta contra la libertad de prensa a nivel nacional.
La iniciativa mordaza fue impulsada por la exdiputada independiente afín a Nueva República, Carmen Chan.
En concreto, la propuesta plantea que los medios de comunicación y ciudadanía en general tendrán limitación para solicitar datos o indagar sobre la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa.
El texto agrega que toda información contenida en un expediente administrativo o judicial será confidencial y de ella no se podrá indagar o darla a conocer a la luz pública.
Es decir, si la propuesta aprobada por los anteriores diputados es convertida en Ley de la República, casos como Cochinilla, Diamante o Azteca no se habrían podido divulgar para que la población se enterara de ellos.
Por otra parte, la misma iniciativa, que limita el ejercicio de la prensa, prohibiría la publicación de cualquier información de carácter tributario.
Lo mismo aplicaría para expedientes administrativos de carácter individual que no sean de interés público o para fines estadísticos.
Es decir, datos como las empresas que no han tributado durante años al fisco costarricense tampoco podrían publicarse para conocimiento de la población.
Finalmente, se limita brindar datos contenidos en auditorías que se encuentran en proceso de elaboración.
Así, documentos como los del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) o el que reveló un presunto “chorizo” con mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se habrían podido informar.
Mucho menos el país sabría respecto a todos los desórdenes revelados en los informes de auditorías de ministerios y municipalidades a nivel nacional.
Finalmente, se restringiría que la ciudadanía conozca sobre estudios e investigaciones, respecto a procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas.
“La materia referida a los límites enunciados anteriormente debe ser interpretada y aplicada, en todo momento, de forma restrictiva conforme a la Constitución Política y las disposiciones de esta ley”, refiere el texto aprobado por los anteriores diputados.
REDUCCIÓN DE PLAZOS
Quizá uno de los pocos puntos rescatables en el texto aprobado es la reducción de plazos en la entrega de información por parte de las autoridades.
“La información deberá entregarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles a toda persona física o jurídica, cuando la información esté preconstruida o disponible en archivos. En caso de que sea solicitada por algún medio de comunicación o prensa deberá ser entregada en un plazo de 48 horas”, acota.
“El plazo se podrá prorrogar por una única vez, y hasta por un máximo de cinco días hábiles adicionales, por la complejidad del contenido de la solicitud. El sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo señalado, los motivos y las razones por los cuales hará uso de la prórroga”, añade.
COLPER
A pesar de lo anterior, existen serios cuestionamientos sobre el proyecto impulsado por la exdiputada Chan.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) asegura que la propuesta “amordaza a la prensa y periodistas”.
“La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) solicita al señor presidente de la Republica Carlos Alvarado Quesada que vete parcialmente el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 20.799 Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, subraya el ente colegiado.
“Los incisos mencionados son desproporcionados y van en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, las convenciones internacionales y los fallos reiterados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional. La labor de la prensa y el derecho de la sociedad es tener acceso a la información, en especial en aquellos asuntos en los cuales podría existir responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias de funcionarios públicos. Tanto la CIDH como la Sala IV garantizan el acceso a todos los documentos. Con estos tres incisos se amordaza a la prensa nacional”, expresó Belisario Solano, presidente de la Junta Directiva.
IPLEX
En la misma línea, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) externó que existen tres errores enmendar.
“Una vía es el veto parcial del proyecto, para lo cual el presidente Alvarado tiene 10 días hábiles. Si el presidente no lo veta y lo firma, la otra alternativa es que los nuevos diputados impulsen un proyecto de ley de reforma, que elimine esos dos incisos cuestionados”, indican.
En caso de que el mandatario firme dicha iniciativa, Iplex aseguró que presentará con el Colper una acción de inconstitucionalidad, ya que los incisos en cuestión “rozan con la Constitución Política y con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. (Diario Extra- Sociedad Interamericana de Prensa)