En estos días el gobierno del populismo masista ha desatado una campaña mediática sobre la detención en USA, del ex ministro de Gobierno Arturo Murillo y otros, investigados por probables delitos de lavado de dinero y otros. Extrañamente, los anti imperialistas exaltan a la justicia norteamericana por su eficacia en la detección de conductas ilegales, es que en el “imperio”, como lo denomina Evo Morales Ayma, dirigente cocalero del Chapare, las instituciones del Estado cumplen en buena medida su rol.
Dijimos en otra oportunidad que la política como ciencia estudia al Estado y como arte el quehacer de los políticos que buscan el poder para administrarlo, es decir para servir a la comunidad en una buena administración pública. Sin embargo, en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, en especial en las sociedades atrasadas, los coyunturales políticos en función de gobierno, primero buscan satisfacer sus necesidades personales y hacer fortuna, de tal suerte que en el ejercicio de una función pública “debe hacerse dinero” y este propósito está metido en la conciencia de la gente, pues se dice: “ahora es cuando”.
En los más de cincuenta años que estamos en la labor de hacer periodismo de opinión, hemos seguido el desarrollo de la política boliviana y de los gobiernos que han pasado, y podemos afirmar que el común de la gente cree que el que ocupa una función en el aparato del Estado, tiene que hacer fortuna y cuando no es así no lo cree.
La debilidad de las instituciones en nuestro país, en especial de la justicia que no tiene en absoluto credibilidad, debido a su sujeción al poder político, es una de las causas de la corrupción, pues al no haber un órgano judicial idóneo, no existe el freno institucional a las conductas que vulneran las normas, la ética y buen proceder de los individuos. Además de la pérdida de valores éticos de la ciudadanía.
Nos parece muy bien que se investigue y castigue, si así es el caso, a todo individuo que aprovechando la función pública se enriquezca como fruto de la corrupción, pero esto debe alcanzar a todos, no solo a los del pasado gobierno transitorio de la señora Jeanine Áñez que, sin haber sido juzgada, está en la cárcel.
En las redes sociales circula una extensa lista de actos de corrupción del largo gobierno de Evo Morales, que deben ser investigados imparcialmente, como los casos: Zapata, Fondioc, Barcazas chinas, tractores, 33 camiones de contrabando, satélite chino (probable sobreprecio), teleféricos (probable sobreprecio), planta de urea, Ostreicher, Banco Unión, Dircabi, Lamia, regalo de vehículos y edificios con recursos públicos, pagos a empresa Neurona, catering BoA, adquisición sin licitación de avión para uso del presidente, ingenio Lucianita, Ingenio azucarero de San Buenaventura, ENATEX, Fraude electoral en 2019, cerca de un centenar de muertes por violencia represiva, adquisiciones directas, y un largo etcétera.
En materia de aplicación de justicia, todo el que comete un delito, no importa que ideología o militancia partidaria tenga, de que gobierno haya sido, debe ser investigado y juzgado de acuerdo con las normas establecidas, en caso contrario, cuando se pretende hacer justicia solo para los contrarios y dar “impunidad” a los partidarios, como ha sucedido con la ley de esta legislatura que ha determinado dejar sin efecto todas las investigaciones y demandas contra sus militantes y adherentes al partido en el gobierno, se lesiona lo determinado en la Constitución y las leyes de la materia.
El abogado Ramiro Carrillo ha hecho conocer que varios de los postulantes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tienen afinidad con el partido de gobierno, pues una postulante, cuando fue juez, liberó de cargos a todos los ex ministros que se asilaron en la embajada de México, así como otros postulantes estarían “cobrando favores”, lo que importa un mayor deterioro de la institucionalidad judicial.
El joven Ministro de Gobierno públicamente ha sentenciado a la ex presidente transitoria también en el asunto Murillo, seguramente por su condición de haber sido la MAE (máxima autoridad ejecutiva), pero igualmente se debería proceder con la responsabilidad del ex presidente Morales Ayma en todos los casos que han sido denunciados y son conocidos.
Cuando tengamos un Órgano Judicial y, en general, instituciones creíbles y que garanticen los derechos de todos, entre ellos el tener gobernantes idóneos y no corruptos, estaremos en el camino del desarrollo y progreso.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.