Varios parlamentarios del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional plantearon ayer reabrir el debate sobre la pena de muerte y la castración química para los feminicidas y violadores, debido a que muchos de esos delitos causan indignación en la población, como el caso del niño de 10 años en Yapacaní.
El menor fue víctima de abuso sexual por cuatro de cinco hermanos que eran sus vecinos en la localidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. Producto de la vejación sistemática, el niño fue contagiado con VIH-Sida y ahora su salud es crítica porque se encuentra en terapia intensiva.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, ratificó su propuesta de pena de muerte para los feminicidas, asesinos y violadores porque considera que, por ejemplo, los familiares del niño de 10 años que fue vejado nunca encontrarán justicia, aunque metan a la cárcel al acusado.
“Esa persona (de Yapacaní) jamás se va a reinsertar a la sociedad, es una persona que tiene problemas mentales, por más tratamientos que reciba, va ir a la cárcel y va salir con mayor agresividad. Me ratifico en que estas personas definitivamente no merecen vivir más. Cuando veía esa nota, con llantos en los ojos hemos visto, nos duele muchísimo lo que pasa”, relató Arce.
Sin embargo, el parlamentario aclaró que la Constitución Política del Estado y las leyes no permiten la pena de muerte en el país, pero considera que se deben revisar las normativas en Bolivia porque es atroz e indignante seguir observando que muchas personas comentan delitos de violación a menores.
Además, el diputado subrayó que a diario se observa cómo hombres matan con saña y atrocidad a sus parejas y aseguró que como ciudadanos y autoridades no pueden seguir mirando indiferentes esos problemas de la sociedad.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, dijo que la pena de muerte es un extremo que no está permitida por las leyes bolivianas, pero se debería trabajar mediante un consenso con todas las partes de la sociedad en la castración química.
“Respecto a la castración (química), sí debe plantearse una alternativa, pero no solamente la castración, lo correcto sería que también se acompañe con políticas educacionales, con políticas públicas para evitar los delitos, pero lamentablemente tenemos un desgobierno”, apuntó Pedrazas.
En lo personal, el parlamentario de oposición dijo que está de acuerdo con la pena de muerte para quienes violen, como en el caso del niño de 10 años de Yapacaní, pero como abogado y autoridad legislativa cree que sería un falso debate, ya que las normas en el país no avalan ese castigo.
Sin embargo, Pedrazas resaltó que antes de hablar de penas extremas debe existir un análisis completo en el que estén implicados varios sectores de la sociedad. “Quizás más adelante merezca una reforma de la Constitución, pero creo que sí tiene que existir una pena que realmente permita que se reduzcan los delitos”, complementó.
En el departamento de Santa Cruz, un niño de 10 años fue víctima de abuso sexual por cuatro de cinco hermanos que eran sus vecinos en el municipio de Yapacaní. En la víspera, uno de los acusados fue sacado de juzgados y en medio de golpes fue llevado desnudo hasta la plaza principal ante la ausencia policial.
En la actualidad, el pequeño está en una unidad de terapia intensiva a causa de las múltiples agresiones sexuales. La mamá contó que su hijo está muy delicado de salud y que la familia ya no tiene recursos para cubrir los gastos médicos.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, instruyó a esa cartera de Estado cubrir todos los gastos médicos y velar en todo momento por la salud del menor.
Tras una investigación de oficio, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que en junio del 2021 se conocía el estado de salud del menor y en octubre se formalizó la denuncia penal y en abril de este año se intentó cerrar el caso
Las autoridades del municipio de Yapacaní conocían desde junio de 2021 el estado delicado de la salud del niño, que fue violado por cuatro hombres durante un año; en octubre de la gestión pasada se realizó la denuncia penal y el caso estuvo a punto de ser cerrado en abril de este año, alegando que no se identificaba a los acusados, señaló ayer la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
“Tenemos conocimiento que también es oficial, que aparentemente en abril de la presente gestión, es decir cinco meses después de la denuncia penal, se habría intentado cerrar el caso porque no se habría logrado identificar a los agresores”, reveló Cruz.
La Defensora señaló que “de acuerdo a los primeros antecedentes que se han recogido, el primer conocimiento desde la institucionalidad estatal sobre el deterioro de salud del menor data de junio de 2021. En octubre de 2021, la denuncia penal por violación y (la transmisión de una grave enfermedad) ya se hace oficial por parte de los familiares”
Cruz señaló que la situación revela que la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Órgano Judicial y todo el sistema de justicia “han esperado que el menor sea la principal fuente de información”.
La Defensoría envió un equipo a la ciudad de Yapacaní para hacer la revisión de los expedientes y hacer las entrevistas con los servidores públicos. Mientras que en la ciudad de Santa Cruz se hace un seguimiento sobre la atención médica al menor.
Cruz indicó que la Defensoría abrió una investigación de oficio después de hacerse público el caso que conmociona al país, mientras el pequeño lucha por su vida en un hospital.
Uno de los acusados se libró de ser linchado la noche de este martes tras su audiencia cautelar en Yapacaní. El hombre fue trasladado de Palmasola al penal de Chonchocoro de La Paz ante el rechazo de los reos en Santa Cruz. (La Paz, Santa Cruz, EL DIARIO y agencias)