Después de haberse dado la lectura íntegra de la sentencia contra la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, y exjefes militares, procesados en el caso denominado golpe II, éstos tienen 15 días para presentar su apelación. El viernes podrán notificarse con la resolución.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, programó para las 15.00 horas de ayer la audiencia de lectura de sentencia, no obstante inició pasadas las 16.00. El viernes 10 de junio, las exautoridades fueron sentenciadas a 10, cuatro, tres y dos años de detención preventiva.
Los abogados que patrocinan a Jeanine Añez, exjefes militares, además de los acusadores como la representación del Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría anunciaron que apelarán la decisión de los jueces. Los acusadores particulares coinciden que la pena contra Añez debe incrementarse de 10 a 15 años, en tanto los acusados buscan la absolución.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público apelará la sentencia de 10 años de prisión, dictada contra Añez y justificó su acusación indicando que hubo un quebrantamiento en la sucesión constitucional en la asunción como presidenta del Estado.
“Nosotros nos hemos abocado a establecer que no hubo una sucesión, conforme manda la Constitución y las leyes, hubo un quebrantamiento a la sucesión constitucional y, de tal manera, se ha acreditado que se ha vulnerado la Constitución y las leyes”, dijo Lanchipa.
Por su parte, la hija de la expresidenta, Carolina Ribera, dijo que se prepara la apelación, para evitar el encierro de su madre, quien el pasado lunes pasó su segundo cumpleaños tras las rejas.
“Se va a apelar como corresponde y después se irá a la vía internacional, donde no hay partidos políticos, ni injerencia ni amiguitos que intervengan en el sistema judicial”, dijo Ribera.
SENTENCIA
Los tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos, Marco Vargas y Rocío Avilés determinaron hacer caso a las pruebas presentadas por la Fiscalía, Procuraduría, Andrónico Rodríguez y con ello sentenciar a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en la crisis de 2019.
Los jueces que desecharon 35 de las 41 pruebas de descargo que presentó la defensa de la exmandataria, emitieron la sentencia la noche del viernes de forma virtual que en su parte resolutiva señala responsabilidades contra Añez y los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Vladimir Calderón.
“Por tanto, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la ciudad de La Paz, administrando justicia a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la virtud jurisdiccional ordinaria que por ley ejerce por voto unánime de sus integrantes falla y declara sentencia condenatoria de los acusados Williams Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Jeanine Añez Chávez, de generales de ley establecidas en el encabezamiento de la presente resolución de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes articulo 153 e incumplimiento de deberes artículo 154 del Código Penal, en aplicación estricta del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada en el juicio ha sido suficiente para general en el Tribunal la plena convicción sobre su participación y responsabilidad penal en los referidos ilícitos, condenándolos a la pena privativa de libertad de 10 años a cumplir en el centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores a partir de la fecha hasta el 10 de junio del 2032”, dijeron.
La parte acusadora basó su denuncia en una supuesta “autoproclamación” de la entonces senadora beniana de Unidad Demócrata, cuando pasó de ser segunda vicepresidenta de la Cámara Alta a titular de esa instancia y luego asumir el mando del Estado el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia voluntaria de Evo Morales y toda su cúpula de sucesión presidencial oficialista.
La defensa argumentó que se vivió un vacío de poder en esas jornadas y que el Ejecutivo no podía quedar paralizado y se procedió a la sucesión ipso facto con base en la Declaración Constitucional (DC) 003/2001 que ese mismo día fue reflejado por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional mediante un comunicado de su Sala Plena.
Esa prueba de descargo, sin embargo, fue desechada por el tribunal bajo la figura de “prueba impertinente” porque en criterio de los tres jueces la DC 003/01 se dio en el marco de la anterior Constitución y no en la actual del Estado Plurinacional.
Al hacer una evaluación del sustento de la sentencia del tribunal, el abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Añez, hizo una evaluación general de este fundamento y lo cuestionó, debido a que considera que no se tomaron en cuenta sus pruebas.
“El tribunal ha repetido la acusación del Ministerio Público, al momento de emitir el sustento, vale decir que el juicio no ha servido de nada. Los argumentos que hemos presentado como defensa, las pocas pruebas que nos han aceptado, entre ellas las declaraciones de los diferentes testigos, finalmente no han servido de nada porque no han sido consideradas por esta corte”, declaró Guillén a Brújula Digital.
Al cuestionar el sustento del tribunal, Guillén recordó que el tribunal rechazó, en abril, el 95% de las pruebas que había presentado a favor de la expresidenta, pues sólo aceptó seis y rechazó 45.
Explicó que la defensa de Añez utilizó las pruebas que presentó la parte acusadora, bajo el principio de “comunidad”. “No obstante, esta concepción de referir que quien ofrece la prueba es el único que puede alegar sobre esa prueba, obviamente nos ha sorprendido en la emisión de la sentencia”, sostuvo Guillén.
“Me sorprende que el tribunal haya tocado la sucesión constitucional, los hechos sucedidos en el hemiciclo de la Asamblea, incluso que se haya amparado en el Reglamento de la Cámara de diputados, cuando es un elemento que no ha sido tocado en lo absoluto dentro del proceso, ni por el Ministerio Público, ni por ninguna de las partes”, acotó.
Guillén adelantó que harán un análisis minucioso del fundamento de la sentencia, por parte del tribunal, para presentar la respectiva apelación al fallo.
Sin embargo, también hizo referencia a otro cuestionamiento del sustento del fallo, “a la intromisión política o presión social que no debe influir en sus decisiones, no es un elemento que contenga una sentencia. Es la primera vez que escucho eso en una sentencia y vemos que eso también está hecho de forma expresa”, acotó.
Jeanine Añez fue aprehendida en Trinidad la noche del 13 de marzo de 2021, poco después de las elecciones subnacionales en las que participó como candidata a la Gobernación de Beni en las que quedó en tercer lugar.
El operativo fue dirigido por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y no tuvo notificación previa ni orden fiscal. En la madrugada llegó a celdas policiales de La Paz para después ser remitida al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Dos semanas después fue derivada al penal de Miraflores en detención preventiva.
Durante su intervención final ante los tres jueces calificados como funcionales al Movimiento al Socialismo (MAS), la expresidenta constitucional reiteró que no reconoce competencia a ese tribunal, en su calidad de exsenadora y exmandataria del país.
“Me dejaron casi sin pruebas, yo no tengo condiciones de defensa en este juicio. Ustedes están delineando un camino expedito para decir la defensa no aportó con lo uno y otro para tener una sentencia condenatoria”, reclamó y dijo que deja su inocencia a la justicia divina.
El procurador general e impulsor de la sentencia, Wilfredo Chávez, dijo que esperará hasta el 15 de junio, cuando se lea públicamente la resolución del tribunal, para analizar el caso.
“Vamos a estar escuchando los argumentos de la sentencia en tres días hábiles y podemos decir que hasta ahora se ha cumplido con el deber”, dijo el exabogado personal de Evo Morales.
Junto a Añez, Kaliman y Calderón también fueron sentenciados previamente en el caso llamado “golpe II” el mando militar de 2019 con el exinspector general de las FFAA, Jorge Elmer Fernández Toranzo, y el exjefe de Estado Mayor, Sergio Orellana, con condenas de cuatro años; además del excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta, y el excomandante de la Armada, Flavio San Martín, con tres y dos años de cárcel, respectivamente. (EL DIARIO, Brújula Digital y Visor21)