A tiempo de escribir esta nota, han transcurrido solo unas horas desde que el relator de la ONU, Diego García-Sayán, hiciera pública su posición sobre el insólito juicio que acaba de terminar en primera instancia en contra de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez y sobre el ilegal y vergonzoso proceso al cual, a la velocidad del rayo, la judicatura de La Paz puso punto final.
Y como ocurriera hace dos años y medio, cuando el Gobierno de entonces convocó a la OEA para hacer una auditoría al proceso eleccionario en el que aparentemente había ganado el candidato del Movimiento Al Socialismo, cuyo resultado, además, por propia iniciativa de sus patrocinadores, debía ser vinculante, hoy nos hallamos ante parecido escenario, porque en el mes de febrero, con mucho aspaviento el gobierno actual auspició la visita de Diego García-Sayán para que hiciera un diagnóstico de la justicia en el país. Del lado oficialista, pero también desde la oposición política, se cifraron desmedidas esperanzas en la opinión del jurisconsulto; y la verdad es que, como el suscrito tenía previsto, las expectativas de ambos bandos quedaron frustradas ante la tibia valoración que hace varias semanas el experto hizo conocer al país.
En ese contexto, oficialistas y opositores se las ingeniaron para escudriñar con lupa y recurrir a exquisiteces gramaticales en busca de cualquier razonamiento, en ese trabajo especializado, que pudiera apoyar la visión diametralmente opuesta que tienen respecto a lo que desde una perspectiva imparcial y encuadrada en derecho simplemente es una cadena inacabable de una justicia servil y corrupta.
Pero después de las múltiples reuniones, del acceso a documentación y la comprobación in situ que García-Sayán tuvo oportunidad de cumplir, leer y percibir respectivamente, sin duda hoy tiene elementos de convicción mucho más sólidos para pronunciarse sobre la desidia gubernamental y sobre una reestructuración profunda del sistema judicial, aunque la enormidad del bandidaje jurisdiccional que asola cualquier posibilidad de hallar auténtica justicia hace innecesario tener que pisar el territorio nacional para enterarse de ello, pues a todas luces el periodismo extranjero serio se ruboriza ante la calamidad que en esta materia se vive en Bolivia.
Con todo, el gobierno del presidente Luis Arce extrajo conceptos del relator de la ONU para aprovecharlos hábilmente y continuar —por entonces— con un proceso penal en preparación contra la expresidenta. Luego, García-Sayán era una autoridad que sí sabía lo que decía. Empero, la impensada declaración última del relator, según la cual la exmandataria debía estar sometida a un juicio de responsabilidades, cae como cubeta de agua fría en los ya gélidos cerebros de muchos masistas. Recuérdese que el multicitado personero, en su visita al país, no se pronunció sobre la legitimidad o ilegitimidad de Áñez en el gobierno, y hoy tampoco lo hace, porque aun si asumiéramos —lo cual sería inaudito— que el gobierno transitorio emergió de un golpe de Estado, no hay posibilidad jurídica alguna que faculte a un tribunal ordinario a juzgar actos ilícitos cometidos por un ex primer mandatario. Y vea el amable lector que García-Sayán se pronunció sobre un proceso ordinario por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Imagínese qué pensará cuando se entere que por los casos de Senkata, Sacaba y otros será juzgada también en la vía ordinaria… Y no se trata de encomiar un gobierno que, en cuanto a corrupción y desconocimiento de los derechos humanos, en los últimos treinta años, fue el más parecido al régimen de Evo Morales. Se trata de poner los puntos sobre las íes.
En consecuencia, García-Sayán, que ahora —como era previsible— para el oficialismo es un intruso, en realidad es un iluso al creer que la justicia boliviana pueda enmendar esta injusticia en contra de Áñez, porque, téngalo por seguro, distinguido relator, ningún tribunal de apelación, de casación o extraordinario corregirá el oprobio cometido en nombre de la pisoteada justicia.
El autor es jurista y escritor.