El interés político condenatorio del Gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS), tendría objetivos más allá de la expresidenta Jeanine Añez y sus colaboradores ya que con la sentencia se pretendería iniciar otra escala persecutoria contra líderes opositores protagonistas de la movilización ciudadana durante la crisis de 2019, como lo anunciaron organizaciones sociales, advirtió el abogado y exalcalde de La Paz, Juan Del Granado.
El jurista dijo que el expresidente Evo Morales develó que la responsabilidad de la intromisión gubernamental en el órgano judicial está radicada en el máximo nivel de conducción estatal, a la cabeza del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca; de ahí que el enjuiciamiento y la condena a la expresidenta Añez por “incumplimiento de deberes” obedezca a una decisión política del MAS, dejando de lado la Constitución y las leyes.
“Difícil saber si esa visión autoritaria es unánime en el gobierno y en el MAS, ya que se manifiesta en un momento de rencillas partidarias por el liderazgo y las candidaturas, amén del estancamiento gubernamental frente a las crisis económica y social. Esas pugnas intestinas y las incapacidades de gestión pública, no pueden ni deben poner en riesgo la ya precaria convivencia democrática, porque si no estaríamos regresando al camino equívoco que nos llevó a la crisis de 2019, luego del desconocimiento de la Constitución y la voluntad popular”, advirtió Del Granado.
CRUZADA POR LA JUSTICIA
En ese marco dijo que urge, ahora más que antes, impulsar esa gran cruzada nacional por la justicia, para recuperarla del “secuestro”, para impulsar su reforma estructural para frenar los impulsos autoritarios de los gobernantes.
“Lamentamos que en nuestro país el sistema judicial haya sido secuestrado por quienes detentan el poder político, convirtiéndose en un instrumento de represión a la libertad de pensamiento, afectando al Estado Constitucional de Derecho y la democracia (…) los Juristas Independientes alertamos que una mantenida conducta autoritaria de los gobernantes y, peor, un desconocimiento tan grosero de la independencia judicial de parte de los mismos, puede dar lugar al desconocimiento abierto de la Constitución, como ocurrió el año 2017 con la ilegal Sentencia Constitucional 0084/2017 que desató la penosa crisis del año 2019”, se lee en un pronunciamiento de juristas independientes, de la que forma parte Del Granado.
Este “pronunciamiento” de los juristas independientes fue emitido el lunes 13 de junio, inmediatamente después de que el expresidente Evo Morales revelara públicamente que la decisión de enjuiciar a la expresidenta Añez se la tomó en una reunión política entre el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, el propio Evo Morales, el ministro de Justicia, Iván Lima y varias otras autoridades y dirigentes del MAS.
El viernes 10, en horas de la noche se había dictado la parte resolutiva de la sentencia contra Janine Añez, condenándola a 10 años de reclusión por haberse “autoproclamado” Presidenta.
“La reacción inmediata de Evo Morales pretendía atribuirse ese triunfo, el cálculo fue equivocado”, precisó Del Granado.
“Solo quiero comentarles, en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro de la Presidencia (Justicia), Pacto de Unidad, jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, expresó Evo Morales.
Sobre el juicio de responsabilidades, Morales interpretó que aquello es un tema político que no corresponde y adelantó que ahora se abrirá otro caso contra su sucesora en la Presidencia del Estado por la figura de “genocidio”.
El 24 de marzo de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció que luego de la aprehensión de Añez en Trinidad y su posterior traslado a La Paz, dos semanas antes, se debía armar un caso para que ella permanezca encarcelada en detención preventiva con delitos atribuidos a su gestión como senadora, antes de asumir la Presidencia del Estado, en noviembre de 2019.
En entrevista con la feminista María Galindo, Lima reconoció que el MAS no tiene dos tercios en el Legislativo y aquello impediría accionar un caso de corte a corto plazo. “Porque no tenemos dos tercios de la Asamblea y hay que armar un caso, no se puede ir con una acusación tan grave el día uno”, declaró.
Lima agregó que se esperó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para comenzar a “construir la legitimidad y la prueba” contra Añez.
GARCÍA-SAYÁN
El 14 de junio, el relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, había escrito en sus redes sociales: “Bolivia; preocupa lo revelado este domingo por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno acordando que la Sra. Añez sea sometida a juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades (…) las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional (…) La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presenta”.
“Evo Morales tardó solo horas en afirmar que había sido tergiversado, pero ante la difusión de la reacción internacional no tuvo mejor idea que arremeter contra el Relator de la ONU, acusándolo de someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe y de apoyar a los golpistas, a la injusticia y a la impunidad, y de ser un funcionario internacional (que) imita el intervencionismo militar de la OTAN para convertirse en instrumento del intervencionismo judicial”, aseveró Del Granado.
Asimismo dijo que el Gobierno no se ha pronunciado. “Después de festejar como histórico el texto condenatorio de la sentencia, ha mantenido silencio frente a la revelación evista y más silencio aun, después del reclamo del relator de la ONU. Nadie ha desmentido la reunión en la que se decidió la jurisdicción que le correspondería a Añez, aunque se han relativizado sus alcances, pero no ha habido reacción oficial a las opiniones de García Sayán que, por lo demás, este lunes 20 de junio presentará su informe de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, advirtió.
