Logran revocatoria de licencia ambiental de minera que operaba en San Matías

La demanda presentada ante un juzgado agroambiental en contra de la empresa minera Mincruz, que operaba en el área protegida San Matías, fue admitida, a su vez la autoridad judicial dispuso la suspensión de actividades y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) revocó de su licencia ambiental.
«La autoridad judicial ha evaluado con justicia cada uno de los aspectos que hemos denunciado ante el país y demandado ante las instancias judiciales agroambientales. Esta empresa debe paralizar sus actividades inmediatamente, de lo contrario estaría incurriendo en delito (…) además de que las operaciones de la empresa Mincruz son totalmente irregulares, existe un daño ambiental irreversible ya causado al ANMI (Area Nacional de Manejo Integral) San Matías», informó la diputada María René Álvarez de Creemos.
Las acciones legislativas y la fiscalización mediante las peticiones de informe escrito (PIE), así como medidas administrativas realizadas por la diputada con la remisión de notas a las instituciones competentes en materia medioambiental, han derivado en la cancelación de la licencia de operaciones en el área protegida de San Matías otorgada a la minera Mincruz.
«Por los antecedentes expuestos y ante la verosimilitud del derecho y el peligro justificado en la demanda (…) dicta la medida cautelar ambiental, con la suspensión de actividades de desmonte y actividades de explotación minera de manganeso a la empresa minera Mincruz SRL en el Área Natural de Manejo Integrado ANMI San Matías», señala la resolución emitida el 4 de julio, por el juez agroambiental, Jhonny Canaviri.
En junio pasado, la diputada por la Chiquitanía denunció irregularidades administrativas en la emisión de la licencia ambiental en favor de Mincruz que comprometen a altas autoridades de los ministerios de Minería y Metalurgia y MMyA.
«Curiosamente, tan pronto el juez dispuso la suspensión de actividades de Mincruz y el MMAyA determinara la caducidad de la Licencia Ambiental con la que operaba, a pesar de que inicialmente las autoridades sectoriales ampliaron ese permiso hasta el 31 de diciembre de este año. Esta actitud nos genera muchas más dudas sobre este caso. Es solo el inicio, seguiremos investigando», advirtió Álvarez.
En este contexto, destacó que por primera vez en la historia del país una autoridad agroambiental jurisdiccional dictamine de manera concreta acciones obligatorias por la afectación a un área protegida. Además de que a nivel nacional se presentaron solo dos denuncias de esta naturaleza.