Propuesta de juristas independientes es usada sin concertación con proponentes

El grupo de juristas independientes que plantean una reforma judicial vía referendo ciudadano expresaron su extrañeza por la conformación de cinco mesas de trabajo, en el marco de los Diálogos Plurales, donde se incluye como insumo su propuesta, sin una concertación previa con los proponentes.
“(…) Nos preocupa más, que el desarrollo próximo de cinco mesas de trabajo, donde se incluye la propuesta de los juristas independientes, no haya sido concertado con nosotros y menos nos hubieran consultado sobre el temario, fechas, metodología, partícipes y objetivos de la misma”, se lee en un documento presentado por los profesionales.
Asimismo refieren su preocupación por la ‘reciente’ invitación informal que recibieron de Naciones Unidas (NNUU) para participar de los Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia, que fueron inaugurados por el vicepresidente del Estado la noche del miércoles.
La observación fue expresada a través de una carta dirigida a la coordinadora Residente al Sistema de las Naciones Unidas en el país, Susana Sottoli, quien el jueves hizo llegar la invitación al grupo de expertos.
“No sabemos si estos diálogos y mesas están promovidos por Naciones Unidas y la FES (Fundación Friedrich Ebert), con la participación del Ministerio de Justicia y otras entidades oficiales, o si es el Gobierno el que promueve los eventos con el patrocinio de la ONU y la FES. En cualquier caso, lamentamos que no se nos hubiera convocado a este diálogo con mayor anticipación, para definir de nuestra parte una intervención colegiada”, indica la misiva.
El grupo de juristas plantea tres cimientos para una reforma estructural de la administración de justicia.
El primer cimiento está referido a lograr independencia, idoneidad e imparcialidad de los jueces supremos del país, cambiando su forma de selección y elección.
El segundo cimiento, es el de lograr un presupuesto suficiente para garantizar y ampliar un servicio judicial digno, con más jueces y fiscales, mejor pagados y con infraestructura y medios de trabajo que lleguen a todo el territorio nacional.
Se inscribe en la Constitución un 3 % de presupuesto para la administración de justicia, cambiando al mismo tiempo la composición y designación del Consejo de la Magistratura para tener una eficiente administración de los recursos judiciales. Asimismo, se plantea que el Consejo de la Magistratura asigne anualmente un presupuesto a la justicia indígena originaria.
El tercer cimiento está referido al potenciamiento de la justicia indígena originaria y la creación de la justicia de paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversia sin necesidad de jueces, fiscales y abogados.