Diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones exigen la renuncia de Wilfredo Chávez y solicitan a la Contraloría realizar una auditoría jurídica a la Procuraduría General del Estado, para establecer la situación real en el que se encuentra esa institución, en especial la causas por las que perdió juicios internacionales.
El diputado de CC, Alejandro Reyes, señaló que es una tradición que la Procuraduría General del Estado pierda litigios en los que está involucrado el Estado, lo que demuestra el pésimo trabajo y la negligencia de la autoridad. El legislador indicó que ahora más que nunca se necesita saber cuánto de dinero perdió el Estado y si la institución cuenta con profesionales competentes.
“Conminamos a la contralora interina (Nora Mamani) a que de una vez por todas arme la defensa y la auditoría legal de la Procuraduría General del Estado para saber el estado en el que estamos y, principalmente, si cumple sus funciones porque el señor Wilfredo Chávez (…) se ha encargado de defender a Evo Morales, perder la plata en un conteo de votos (…) de las ánforas del 2019 y ahora nos cuestan 105 millones en plena crisis económica”, señaló Reyes.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.
Asimismo, el diputado Marcelo Pedrazas señaló recientemente que con la pérdida del litigio del BBVA ante el CIADI, la Procuraduría lleva 11 de 11 juicios perdidos, y atribuyó la derrota a quien dirige la entidad.
Por su parte, el asambleísta de CC Alberto Astorga afirmó que hay una clara evidencia de que el país perdió varios litigios internacionales; en ese sentido, dijo que Chávez es un “estorbo” para el pueblo boliviano y exigió su renuncia.
«Suman las voces de petición de renuncia del Procurador General del Estado, voces de las que nos hacemos eco con absoluta convicción, en particular porque vimos en su actuar una exclusiva labor de representación de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una idónea defensa de los intereses del país», manifestó el Conade a través de un pronunciamiento.
La organización cuestionó que hasta ahora el Gobierno perdió 11 arbitrajes, lo que representaría más de 700 millones dólares. «El juicio que inicia BBVA al Estado es por no haber implementado la Gestora como dicta la CPE. Se han gastado millones, se pagan honorarios altísimos, se han comprado paquetes informáticos que no han funcionado, y la Gestora aún no ha podido asumir el rol de las AFPs. El daño económico es mucho más alto que la pérdida del arbitraje».
El secretario General de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, manifestó que el procurador Wilfredo Chávez debe irse del cargo “por moral”, pero además pidió que se le procese por el delito de incumplimiento de deberes.
“Vamos a decir públicamente: que se vaya señor (Chávez) porque usted ha incumplido sus deberes y no ha protegido la plata de los bolivianos. Y esa plata no se puede irse así nada más. Yo creo que aquí no se puede trabajar con personas negligentes”, dijo Ayala.
El dirigente indicó que el sector está declarado en emergencia y rechaza pagar la indemnización, tomando en cuenta que representa casi la mitad del total de los aportes.
“Se estaría yendo casi la mitad de lo que nosotros tenemos aportado. Son 220 millones que nosotros tenemos ahora depositados”, lamentó.
El diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, pidió a la oposición no “politizar” el fallo del CIADI y subrayó que el Estado boliviano tomará acciones de defensa ante instancias internacionales ya que no se tomó en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por el país.
“Hoy tenemos una decisión injusta, fuera de contexto, no han sido tomados y valorados los argumentos y pruebas presentadas por la Procuraduría o por nuestro Estado Plurinacional, pero no es la etapa final, en este proceso hay otras vías y de hecho en otra vía internacional (…). Por tanto, esas aseveraciones que vienen de la oposición, obedecen a politizar este hecho jurídico. Nuestras instituciones como la Procuraduría van a asumir total responsabilidad (en el caso)”, informó Angulo. (ANF-ERBOL)
MÁS INFORMACIÓN: POLÍTICA-ECONOMÍA