Otra vez sobre el oro y las cooperativas

Entre los sectores favoritos del expresidente Evo Morales destacan los cooperativistas mineros, a la cabeza del grupo explotador de oro, sin fiscalización estatal o tan débil que ni cuenta. Tratándose del cotizado metal, fuente de riqueza por excelencia, debería merecer especial control. En 2017 el próspero negocio produjo 29.524 kilos exportables de oro, pero solamente figuran como exportados 26.352 kilos. Es una serie que muestra permanentemente menos cantidad exportable que la real. Extrañamente la exportación nacional incluye el oro de contrabando, de procedencia peruana, aprovechando las franquicias tradicionales de nuestros gobiernos, sin descartar la corrupción de por medio.
Sucede que sobre la fachada legal de algunas cooperativas, aparecieron y aparecen “cooperativas” auríferas clandestinas o dotadas de áreas de explotación por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), a “diestra y siniestra”. Según denuncias de senadoras y de la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo, la cual contempla esta suerte de asentamientos de explotadores de hecho en Apolo, Ixiamas y otros lugares, como el famoso Madidi, generosa reserva de biodiversidad, no respetada por el sector aurífero ilegal.
Estos grupos irregulares actúan sin consentimiento alguno, como se dijo, recurriendo a la violencia para “sentar sus reales” y continuar su actividad ilícita. Explotan los márgenes y alrededores de ríos como el Tuichi, usurpando por la fuerza las tierras de las comunidades autóctonas. En Apolo se registró un enfrentamiento ante su justo reclamo, siendo agredidos incluso con armas de fuego, con el saldo de ocho heridos, evacuados a los hospitales más próximos. Este criminal hecho se originó en los atropellos a las tierras despojadas. La explotación del valioso metal altera el medio ambiente y arrasa la flora originaria, incluso con maquinaria pesada. Las aguas de ríos y vertientes quedan contaminadas por el uso irrestricto de mercurio, además se destruye el cauce natural de los ríos. El envenenamiento de los peces priva de la alimentación básica de los pobladores, además de afectar su salud.
Anteriores y últimas quejas de la provincia ante la Justicia fueron vanas, cuando no los denunciantes aparecen como denunciados. Es una de las típicas actitudes de la Justicia del país. Estos hechos merecían y merecen la intervención del nivel central, pero permanece tolerante con sus aliados, jueces y fiscales. Esta omisión tiene obvia génesis política y sigue la línea del nombrado expresidente hacia sus sectores favoritos. El actual gobierno de Luis Arce continúa obediente a la misma tónica, tal vez preservando votos si se embarca en la reelección.
Como dueños y señores y en el papel de jueces y policías, impidieron con amenazas la seguridad de Cecilia Requena, senadora de CC y de su corta comitiva, prohibiéndoles el ingreso a Apolo y aledaños con fines de constatación de los abusos y atentados ambientales. En complicidad con pseudo empresarios chinos y colombianos, se prestan a cohonestar la explotación bajo la máscara de cooperativas. Igual que estas, los foráneos carecen de toda legalidad, mientras la AJAM y el Gobierno contemplan pasivos.