La lamentable situación en la que se desenvuelve la administración de justicia en nuestro país, se refleja una vez más en la designación de vocales para los Tribunales Departamentales de Justicia, pues por una parte el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional Egüez al posesionar a los elegidos por el Consejo de la Magistratura, se refirió a los posesionados como: “Los mejores talentos de Bolivia” y, por otra, a los pocos días el Ministro de Justicia del Gobierno declaró en referencia a los designados: “No son dignos de ser llamados jueces de Bolivia” (EL DIARIO 08.06.21). Es decir que, para el representante del Órgano Judicial del país, los designados vocales son la máxima expresión de los conocimientos, seguramente jurídicos del país, y para el Ministro de Justicia, no son dignos (idóneos) de tal nombramiento.
Los cuestionamientos a los nombramientos que hace la instancia del Órgano Judicial de jueces, importa un atentado al buen servicio de justicia, que carece de absoluta credibilidad de la ciudadanía y no cumple su rol que le señala la Constitución Política del Estado y las leyes inferiores, de tal suerte que la ciudadanía, por mandato de esa misma Constitución y como derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Naciones Unidas, tiene el derecho de acceder a una justicia imparcial y oportuna.
Lo que sucede es que el Órgano Judicial, que en un Estado Democrático de Derecho debiera ser absolutamente independiente de los otros órganos o poderes públicos, en las sociedades sujetas a gobiernos autoritarios y hegemónicos resulta una dependencia más del poder político, que le señala cómo deben ser sus fallos, constituyéndose en un mecanismo de persecución y represión política, como lo son todas las dependencias del aparato administrativo estatal.
Esta situación que daña uno de los derechos humanos más importantes, tiene como a uno de sus elementos de deterioro, a los individuos que son designados para ejercer las delicadas funciones de administrar justicia y qué mejor que designar a gente improvisada, de pocos merecimientos profesionales y éticos, y si supera estos niveles guarda silencio para conservar su puesto. No olvidemos que en la primera parte del régimen populista que nos gobernó catorce años, los jueces y magistrados que no obedecían ciegamente las instrucciones del poder político, fueron llevados a juicios de responsabilidades y otros, siendo echados de sus funciones.
El mismo Ministro de Justicia, que a veces parece que reprueba la penosa situación del Órgano Judicial y que en el inicio de su gestión propuso superar esta situación, detalló en su conferencia de prensa que muchos de los designados y posesionados no ocupaban los primeros lugares en la selección de méritos y conocimientos que determinan, en alguna medida, la idoneidad para ocupar las funciones de ese Órgano.
En las más de cuatro décadas que ejercí la cátedra universitaria pública y privada, nunca conocí algún escrito, libro o conferencia de los magistrados o jueces designados al calor político partidario (salvo seguramente alguna excepción) y como lo demostró un analista de temas académicos en un canal televisivo paceño, para el nombramiento de los funcionarios judiciales y seguramente de la administración pública, pesa más una recomendación de las “bartolinas” que las certificaciones académicas sobre conocimientos. Además, no son suficientes los conocimientos académico científicos, sino que deben ser complementados con la idoneidad ética en el ejercicio del derecho, por ello se había dispuesto en las normas un número de años suficientes para adquirir experiencia y conseguir prestigio profesional y ético.
El profesional del derecho que ha logrado durante años prestigio, difícilmente ha de perderlo por una función pública o la posibilidad de enriquecimiento ilícito, por ello se debe ennoblecer la función judicial con los “mejores profesionales en conocimientos e idoneidad ética”, librando a la justicia de toda dependencia ante el poder político, pues ya lo sentenció el padre de la judicatura boliviana Pantaleón Dalence: “La única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la ley”.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.