Nacionalización de enorme costo

Una política de “nacionalización” de empresas privadas, extemporánea, poco meditada y peor realizada, puesta en práctica durante las dos últimas décadas, ha conducido al país a una situación económica y política de evidente riesgo de entrar en una espiral de bancarrota sin precedentes o peligros mucho peores. No solo eso, sino también demostrar en los hechos que esa clase de medidas es absurda y no trae los beneficios que anuncian sus promotores, al menos en lo que se refiere a nuestro país.
El hecho concreto de esa apreciación es el escalofriante fallo que ha dictado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado Plurinacional boliviano por el monto de nada menos 105 millones de dólares, pago que se deberá hacer al Banco Bilbao Viscaya Argentaria de España, como resultado de una “nacionalización” absurda, hecha por el régimen populista. Lo cierto es que el pueblo boliviano, empobrecido y asombrado, tendrá que pagar esa suma millonaria.
Esa costosa indemnización se suma a otras por nacionalizaciones similares, que costaron a Bolivia, en dos decenios, cerca de mil millones de dólares, que fugaron del país en vez de servir para solucionar sus problemas y emprender obras de progreso para mejorar el nivel de vida de los conciudadanos. En esa forma, falsas nacionalizaciones en vez de servir para atender las necesidades propias de la población, han servido para empobrecerlo.
A ese despilfarro se debe sumar –dicho sea de paso— otros 20 mil millones de dólares gastados en empresas estatales improductivas que, o no funcionan y lo hacen a pérdida, pues no rinden alguna ganancia. Al respecto, por ese total de 30 mil millones de dólares en gastos inútiles, el Gobierno algún día tendrá que rendir cuentas.
En el país hubo en otros tiempos significativas nacionalizaciones que sirvieron al país para liberarlo del poder de potencias, de grandes magnates coloniales, y aunque esas medidas no dieron grandes resultados económicos, liberaron al país políticamente de fuerzas que decidían su destino. Pero las nuevas nacionalizaciones no tuvieron ni resultados económicos ni políticos y convirtieron al país en colonia de poderes neo-imperialistas, que extraen del país riquezas, sin dejar beneficio.
De ahí que el último caso adquiere carácter una enorme gravedad que ha estremecido hasta las fibras más íntimas del espíritu nacional y ha confirmado que sus reacciones permanentes fueron correctas, tanto en la opinión como en la práctica cotidiana y eran una advertencia de que algo andaba mal en las altas esferas de la política autocrática, aún amenazante.
La cuestión de la AFP a ser indemnizada está en el primer punto del debate de la agenda de los asuntos económicos y políticos del país y posiblemente tenga repercusiones notables, para que el problema no cause graves daños en caso de que sea aplicada la medida anunciada por el CIADI.