El exfiscal Marcelo Soza, desde su asilo en Brasil, lanzó la acusación sobre la ejecución de Eduardo Rózsa y su grupo contra Evo Morales y Rubén Costas, a quienes calificó como autores intelectuales, en una suerte de pacto para que ambos logren beneficiarse políticamente.
En entrevista con Erbol, el polémico exfiscal que fue asignado al montaje del caso “terrorismo” de abril de 2009, dijo que según las investigaciones que realizó fue la dirigencia cívica y empresarial de entonces en Santa Cruz, quienes trajeron al boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores junto a su grupo al país, para sustentar la defensa e incluso la “separación armada” del oriente.
Cuando se descubrió aquello, el régimen de Evo Morales aprovechó para dar dos opciones a las llamadas logias cruceñas: ir a la cárcel o pactar con el gobierno. Muchos huyeron como Branko Marincovik y otros, según Soza, decidieron aliarse con el Movimiento al Socialismo (MAS), entre ellos Rubén Costas, quien era prefecto de Santa Cruz.
“La salida que tuvieron algunos dirigentes cruceños fue negociar con Evo Morales”, dijo Soza.
En cuanto a la ejecución de Rózsa, Michael Dwyrer y Árpad Magyarosi, el 16 de abril de 2009, en operativo policial realizado en el hotel Las Américas en pleno centro cruceño, el exfiscal apunta a Morales y Costas como los autores intelectuales.
“Si dejamos vivo a este tipo que conoce con quiénes nos reunimos nos va a perjudicar, y en el ínterin ingresa la Policía a infiltrarse con ayuda del mismo Costas y otra gente para intentar de convalidar algo que ya estaba hecho, el intento de división del país y no querían dejar rastros”, expuso.
Soza recordó que él llegó después del operativo que no contó con orden fiscal, además de que días antes Rózsa y su grupo fueron trasladados del hotel Santa Cruz al hotel Las Américas, con coordinación del propio Costas, donde deliberadamente se desconectaron las cámaras de seguridad.
“Quien se beneficiaba era Costas y su grupo por no entrar a la cárcel, pero también el Gobierno porque iban a tener una falsa oposición para demostrar al mundo de que había una falsa democracia”, acotó.
En el operativo fueron ejecutados los tres sujetos, mientras quedaron detenidos el boliviano croata Mario Tádic y el húngaro Elod Tóásó. Ambos estuvieron encarcelados hasta que decidieron someterse a proceso abreviado en 2015, para luego dejar Bolivia y en una última declaración afirmar que optaron por esa salida solo para evitar más encierro.
Al final, el jefe cocalero logró avanzar con su proyecto de poder para optar por un tercer mandato, pese a la restricción constitucional, siendo habilitado en las elecciones de 2014.
“A Rubén Costas le pasaban el libreto de las cosas que iba a decir, de las cosas a las que se iba a oponer, porque él no tenía la libertad de acción sino que actuaba de acuerdo a los intereses del Gobierno y el libreto que le daban desde el Gobierno”, denunció el abogado.
Soza también calificó como cobardes a Morales y Costas, porque ninguno puede enfrentar la verdad de los hechos.
El exfiscal que ahora vive en Brasil, donde volvió a estudiar Derecho para retomar su profesión, remarcó que durante el régimen de Morales, el gobernador cruceño fue el único que permaneció en el poder con decenas de juicios, pero ninguno que amenace su mandato. Rubén Costas fue la máxima autoridad departamental entre 2006 a 2021, el mayor periodo consecutivo en la historia del Estado.
En la investigación nunca se implicó al prefecto y luego gobernador cruceño, pero sí a su hermano Pablo Costas Aguilera, quien desapareció del ámbito público.
RED EXTORSIVA
Soza salió del país en 2014 luego de ser acusado de manejar una red de extorsión que se benefició con altos montos de dinero durante este proceso.
Las denuncias concuerdan con las palabras de Soza, aunque él niega haber formado parte de esos grupos de extorsión que identifica se formaron dentro de los ministerios y la Vicepresidencia.
Soza recordó que el caso era llevado por el Ministerio Público, pero siempre había coordinación con los ministros de Justicia y Gobierno de entonces, con Nardi Suxo, Alfredo Rada y luego Sacha Llorenti, respectivamente. Sobre todo personal del Ministerio de Gobierno y la Vicepresidencia mostraban interés en el caso.
En 2020, en el gobierno de transición, los detenidos del caso “terrorismo” lograron la libertad, con el retiro de la acusación de la Fiscalía. Durante años se habían presentado evidencias sobre el montaje del caso e incluso Derechos Humanos solicitó extinguir el proceso.
El régimen de Morales y su segundo Álvaro García mantuvieron presos durante una década a representantes cruceños como Zvonko Matkovic, quien tras recuperar su libertad fue senador por la alianza Creemos, pero renunció para asumir como presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, luego de las elecciones subnacionales de 2021. (Visor21)